La presidenta balear también traslada su malestar por el bloqueo de Hacienda: «Esto no es justo»

«El bloqueo político no puede afectar a nuestras cuentas», denuncia la socialista Armengol ante el presidente Sánchez

efe

redacción / la voz

El problema del bloqueo de las llamadas entregas a cuenta a las comunidades no es, lógicamente, un asunto exclusivo de Galicia, aunque es cierto que fue la comunidad que destapó el problema y la más activa en apremiar a Hacienda a que se dé una solución urgente a la deuda pendiente (530 millones en el caso de Galicia, más otros 170 de cursos anteriores).

Detrás de la reclamación de la Xunta hay también una vertiente política: hay choque entre los partidos que gobiernan Galicia y España. Y por ello las quejas que han llegado desde ejecutivos autonómicos socialistas han sido más atenuadas. Hasta que este miércoles tomó la palabra la presidenta de Baleares. Y lo hizo Francina Armengol ante su jefe de partido, Pedro Sánchez, tras una reunión en Mallorca. «Si el Gobierno debe a las comunidades y no puede pagar porque está en funciones, lo que no es justo es que no podamos presupuestar en base a los servicios que hemos de dar a la ciudadanía por un problema de bloqueo político a nivel nacional. Le he pedido que se busquen fórmulas legales para cobrar y para que no afecte al presupuesto», explicó la presidenta de Baleares.

«Esta es una situación indeseable»

Armengol recordó que el Estado debe 4.700 millones de euros a las comunidades autónomas, y 177 millones a Baleares en concepto de entregas a cuenta y que su ejecutivo ya había incluido en sus previsiones. Es lo mismo que le sucede a Galicia con esos 530 millones. Un descuadre, «una deuda, no un agujero», precisó la socialista. «Esta es una situación indeseable».

Si persiste esa ausencia de fondos con los que contaban las comunidades -especialmente aquellas que habían elaborado nuevos presupuestos, como sucede en Galicia y Baleares- habrá seguro consecuencias en el último tramo del año. La Xunta cree que puede afectar a sus pagos a proveedores y empeorar el período en el que abona sus facturas, lo que, a la vez, provocaría que paradójicamente la comunidad incumpla con uno de los requisitos que marca Madrid.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que gobierna apoyado por los socialistas, fue bastante claro: «Es desesperante el llegar aquí y que esos dineros presupuestados pues que no te lleguen. Claro que tenemos que hacer recortes y eso es duro porque va a repercutir en gente que lo necesita». Con algo más de tibieza reclaman también ese desbloqueo desde Extremadura y Aragón, ambas gobernadas por el PSOE. Asturias, también de ese partido, ha avisado del descuadre de sus cuentas, la actuales y las del 2020, si no hay una solución.

El último territorio en sumarse a ese clamor ha sido Madrid, una comunidad que sigue en funciones. Su todavía presidente ha remitido una carta a la ministra Montero exigiendo un total de 1.200 millones pendientes, de los que 733 corresponden a esas entregas a cuenta.

Hacienda asegura que podrá dar respuesta al problema a través de un real decreto, pero legamente no puede hacerlo si está en funciones, y por ello está apremiando a que se constituya un Ejecutivo para poder aprobarlo.

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