Las plataformas antidesahucio alertan de la llegada de grupos a Galicia que se aprovechan de colectivos en precario
12 jun 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Ni organizaciones de lucha contra los desahucios ni el sector inmobiliario o empresas dedicadas a liberar viviendas secuestradas dibujan un perfil único del okupante tipo en España. Aluden a diferencias notables según las autonomías o según si la zona es de nueva construcción o son inmuebles abandonados. Pero activistas, empresarios y especialistas en la materia coinciden en señalar que las «mafias» son el denominador común en la inmensa mayoría de las okupaciones.
En los primeros tres meses del 2019 se han realizado tantas denuncias como el año pasado «Las mafias saben dónde encontrar gente precarizada y cómo empujarla a entrar en las viviendas», advierte Mina Galván, portavoz de Stop Desafiuzamentos de Lugo. Apunta que las cifras de Galicia están lejos aún de las de Madrid, Barcelona o la franja mediterránea, aunque solo en el primer trimestre se hayan producido el mismo número de denuncias en la comunidad que durante todo el año pasado. «Pero esos negociantes son cada vez más y están aquí más presentes sin que la Administración ponga las herramientas suficientes para que las personas y familias que no pueden pagar el alquiler caigan en manos de esas mafias o se haga algo con los barrios que han quedado casi vacíos y que atraen a esos grupos organizados», continúa Galván mientras identifica el perfil del okupante en Galicia con la precariedad.
«Las mafias saben dónde encontrar gente precarizada y cómo empujarla a entrar en las viviendas»
En Galicia se contabilizan 8.044 viviendas en estado ruinoso y, al margen de las ciudades, localidades como Carnota, Cedeira, Malpica, Cariño, Camariñas, Foz, Maside y Celanova figuran entre las que más viviendas vacías tienen en relación con su parque total.
Pocas familias
A las puertas de la vivienda que acaba de desalojar en Ibiza y antes de viajar a Galicia para cortarles el paso a unos okupas que se han acantonado en otra vivienda, Jaime Sanz, propietario de la empresa Desokupación Legal, indica que, en realidad, se encuentran «con pocas familias» en las viviendas en las que actúan, pues considera que estas suelen ser el objeto principal del trabajo de los servicios sociales. A partir de ahí, afirma que cada vez se topan con más jóvenes que optan por okupar para ahorrarse el dinero del alquiler, «pero lo que sí abunda son okupantes pagados por mafias que piden luego dinero a los propietarios por devolverles la vivienda, o que esperan que les paguen las empresas de desokupación que actúan de esa forma». Su radiografía se completa con la procedencia de los okupantes: «El 60 % son extranjeros, sobre todo de Marruecos y dominicanos, porque en la okupación en España está funcionando el efecto llamada», dice para evidenciar que la legislación española es más permisiva que la de otros países.
«El 60 % son extranjeros, sobre todo de Marruecos y dominicanos, porque en la okupación en España está funcionando el efecto llamada»
La existencia de rescates para recuperar las viviendas también es apuntada desde la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias por su presidente Benito Iglesias, quien advierte que los promotores y los constructores gallegos «están cada vez más preocupados porque se los chantajea para no que no sufran la okupación de las viviendas que están terminando o han concluido ya». Prefiere no dar más datos. «Claro que hay miedo», dice cuando menciona un caso así que acaba de surgir en la provincia de Pontevedra.
Para él, las empresas de desokupación «son fallos del sistema, la evidencia de que la normativa no es suficiente y que tampoco los propietarios de viviendas cuentan con seguridad jurídica suficiente para recuperar sin problemas sus propiedades o ser indemnizados por los destrozos».
Iglesias suscribe también la creencia de que las mafias de la okupación están creciendo, en Galicia también, y por eso el sector inmobiliario recurre ya, sobre todo en las ciudades, a contratar empresas de seguridad que vigilen en su recta final las construcciones y promociones en venta hasta que se coloquen todas en el mercado. «Pero el dinero que cuestan esos servicios de seguridad hay que repercutirlo después en el precio de las viviendas», añade, mientras compara a los okupantes movidos por las mafias con los manteros que venden productos falsificados. «El que obtiene el gran beneficio está detrás», sentencia.
«Utilizan a toxicómanos para que se queden en las casas a cambio de la dosis diaria»
Jaime Sanz subraya que su actividad es legal, y se limita a hacer controles de acceso en las viviendas okupadas para impedir de nuevo el paso cuando los asaltantes dejan en algún momento el inmueble. Pero reconoce que se está encontrando un nuevo fenómeno. «Utilizan a toxicómanos para que se queden en la casa okupada sin salir a cambio de recibir todos los días la dosis diaria», relata el propietario de Desokupación Legal.
Dicha práctica ha proliferado, según indica, en barrios de Madrid como Vallecas o de Barcelona como El Raval, «pero como ha pasado antes, las prácticas de los grupos organizados se acaban extendiendo al resto de España», concluye, no sin insistir en que en las okupaciones que han atendido con lo que menos se encuentran es con «personas necesitadas», y subraya el papel de las mafias.
Depreciación de inmuebles
El Instituto Cerdà, que ha elaborado uno de los mayores informes sobre la okupación en España, señala que el 90 % de los ayuntamientos consultados sobre la existencia de viviendas secuestradas relacionan directamente ese fenómeno con la proliferación de mafias, la mayoría grupos poco organizados dedicados a la apertura de puertas y al cobro por dicha acción a los que acaban ocupando el inmueble.
Una cuestión añadida a la presencia de okupas es la que el Instituto Cerdà y el portal Idealista señalan respecto a la pérdida de valor de las viviendas que sufren okupaciones. Por término medio calculan que el precio de dichos inmuebles cae entre un 40 y un 60 %, baremo que sitúan en la comunidad gallega en un 41,8 %. Este descenso también lo sufren los hogares próximos por una mayor percepción de inseguridad en toda la zona.
El fiscal de Baleares propone desalojar sin indicación judicial previa
La Fiscalía de Baleares defiende que se puedan llevar a cabo desalojos de okupas sin que medien antes decisiones judiciales, una medida extraordinaria que, de implantarse, podría servir de modelo para otros puntos de España.
«Los cuerpos y fuerzas de seguridad actuarán directamente y de forma inmediata sin necesidad de solicitar medidas judiciales cuando la ocupación ilegal de un inmueble revista características de delito, desalojando a los ocupantes y deteniéndolos, si procede», se lee en esa circular adelantada por varios medios de comunicación de las islas.
El fiscal superior de Baleares, Bartolomé Barceló, que es quien dio esa indicación, justificó ayer que la instrucción emitida para desalojar okupas sin necesidad de solicitar medidas judiciales tiene como objetivo proteger «derechos que afectan a todos», como son «el de la inviolabilidad del domicilio, la propiedad privada y, por otra parte, el derecho a una vivienda digna».
Bartolomé Barceló explicó también que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional le habían planteado que tenían dudas a la hora de la aplicación de la ley y que, para aclararlas, ha procedido a emitir la orden. «No me habían pedido una instrucción, pero sí cómo se tenía que actuar en determinados casos de desalojo», explicó el fiscal superior de Baleares.
El ministerio público emitió dicha orden este lunes. Mediante esta comunicación, los cuerpos y fuerzas de seguridad pueden actuar directamente y de forma inmediata para llevar a cabo desalojos en viviendas «sin necesidad de solicitar medidas judiciales» cuando la okupación de un inmueble «revista características de delito».
En el escrito se detalla que «solo cuando existan dudas sobre la naturaleza delictiva de la conducta se solicitarán previamente las medidas judiciales».
Según varios medios de comunicación, la medida podría aplicarse cuando una vivienda que constituye el domicilio de una o varias personas físicas es ocupada «contra la voluntad de su morador por tercero cuando accidentalmente aquel está ausente, sea porque está de viaje, sea porque está hospitalizado o por cualquier otro motivo». Explica también que, en estos casos, cuando un cuerpo policial recibe una denuncia «debe proceder directamente y de forma inmediata al desalojo».