El PSdeG propone un pacto para invertir el superávit en sanidad y el PP replica que va por detrás de la iniciativa de Feijoo

Los socialistas han registrado una iniciativa parlamentaria sobre el tema

Xaquín Fernández Leiceaga, portavoz do grupo parlamentario socialista
Xaquín Fernández Leiceaga, portavoz do grupo parlamentario socialista

santiago / la voz

El grupo del PSdeG mostró ayer su disposición a asumir casi en su totalidad el planteamiento que está haciendo el Gobierno gallego para poder invertir en gasto social el superávit del año pasado y reclamar del Estado incentivos adicionales por cumplir año tras año con los objetivos de déficit fijados para la estabilidad de las finanzas públicas. Pero pone una condición: que este pacto se plasme en el Parlamento y se abra a las demás fuerzas políticas. Y que, en paralelo, la Xunta impulse un plan anual para la mejora de la atención primaria.

El portavoz de los socialistas, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha registrado una iniciativa parlamentaria en la que dice compartir con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, la demanda para que se «flexibilice» la utilización del superávit que generen las comunidades autónomas. Y está dispuesto a refrendar esta posición en un acuerdo escrito, con el fin de demandar conjuntamente ante Hacienda que se impulsen las «modificacións lexislativas» que sean necesarias con este objetivo.

«Non podemos menos que compartir a idea de reforzar os fondos a gasto social», subraya Leiceaga. Pero advierte que el autogobierno significa «que Feijoo faga o que estea na súa man» para dotar de manera inmediata de más recursos a la sanidad. Pide al mandatario «que non bote balóns fóra» e impulse en paralelo un plan para la mejora de la atención primaria que, en el horizonte de tres años, permita «a recuperación de 190 millóns».

El PP se puso en guardia para valorar la propuesta de los socialistas. Su portavoz parlamentario, Pedro Puy, recuerda que fue el Gobierno de Sánchez «o que suprimía no seu proxecto de Presupostos do Estado» (fallido) tanto la posibilidad de reinvertir el superávit en gasto social como los incentivos que pueden recibir las comunidades cumplidoras.

«Se agora o PSOE en Galicia contradí ao que propón o Goberno en Madrid e pensa que a Galicia se debe pagar o que lle corresponde, pois benvido ao club», esgrimió Puy, que recuerda que fue en los Presupuestos del 2018, con Rajoy todavía en la Moncloa, cuando se regularon las disposiciones que permitirían destinar el superávit «en gasto que non xerase máis gasto». Y en las mismas cuentas se regularon también los incentivos para las comunidades cumplidoras, condonando las cuotas mensuales por las liquidaciones negativas del 2008 y 2009, que son 85 millones por año durante 20 años. «O PSOE suprimiu este incentivo», insistió Puy, que entiende que el acuerdo que plantea Leiceaga va por detrás de Feijoo.

Comunidades que se saltaron el déficit recibieron cinco veces más fondos que las que sí se ajustaron

R. SANTAMARTA
Imagen de archivo de un Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en Madrid
Imagen de archivo de un Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en Madrid

Cataluña y Valencia fueron las más beneficiadas, a cambio de un control de sus cuentas por parte del Estado

Las comunidades autónomas que se han ajustado el cinturón y cumplieron durante años, escrupulosamente, los objetivos de déficit se pueden contar con los dedos de una mano. Y sobrarían dedos. Se trata de Canarias, Galicia y País Vasco, territorios que en los últimos ejercicios lograron ajustar sus cuentas (básicamente, la diferencia entre ingresos y gastos) a los parámetros marcados por Madrid. Gracias a ese cumplimiento, Galicia pudo acogerse a una línea de financiación preferente del Estado: el fondo de facilidad. En total, casi 7.500 millones entre el 2012 y este 2019, según datos del Ministerio de Hacienda. Desde entonces, el Estado ha habilitado con esa línea 38.491 millones para las comunidades que se ajustaban. ¿Y las que no? Pues han recibido cinco veces más, hasta 195.071 millones en ese mismo período. En su caso, lo han hecho recurriendo al fondo de liquidez autonómica, el FLA, al que nunca se ha acogido Galicia (la única comunidad al margen de las del cupo en hacerlo) porque implica, de facto, un control de las cuentas por parte de Hacienda. En todo caso, un castigo laxo, admiten expertos consultados, porque esas autonomías pudieron seguir incumpliendo las reglas de gasto, pese a la inyección de fondos, y sus ciudadanos no se vieron tan penalizados por ajustes extra.

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