Las prisiones gallegas por dentro: inseguridad y trapicheo por la carencia de funcionarios
GALICIA
Las medicinas en algunos centros se reparten dos veces a la semana avivando el mercado negro, adicciones, deudas y agresiones. Y es solo uno de sus problemas, denuncian los trabajadores
04 feb 2020 . Actualizado a las 19:51 h.Todo tiene precio entre rejas, pero no todo se paga siempre con dinero. «Hasta de una dosis de metadona, de las que damos en vaso de chupito, sacan algo». Lo relata un funcionario de prisiones con 20 años de experiencia entre A Lama (Pontevedra) y Teixeiro (A Coruña): «Se meten algodón en un lateral de la boca y, al beber la metadona, la orientan a ese mismo lado para que el algodón la absorba. Luego lo escurren en algún recipiente y venden ese líquido». La treta, añade el trabajador junto a más compañeros, es solo la punta del iceberg del día a día en los cinco centros penitenciarios de Galicia. Principalmente en A Lama y Teixeiro, más modernos, grandes y con presos más peligrosos que los de Bonxe y Monterroso, en Lugo, y Pereiro, en Ourense.
Las plantillas, atomizadas y en guerra abierta con Instituciones Penitenciarias, apuntalan esa realidad alejada de las estadísticas y discursos oficiales. Delatan un submundo cimentado en el mercado negro de medicinas, tabaco y drogas, economía del trueque y cadenas de favores. Una realidad, advierten, que alimenta adicciones y despierta otras nuevas entre la población reclusa. También denuncian inseguridad para ejecutar su trabajo y lo relacionan con la superpoblación de los penales y el déficit de funcionarios (111 en Galicia). De no corregirse, alertan, el control del Estado sobre los reos acabará siendo anecdótico.
«Por resumir: en cada módulo tienen que estar al menos cuatro funcionarios, pero la realidad es que están dos. En los módulos de perfil bajo lo generalizado es que esté uno». El escenario asentado, añaden los trabajadores consultados, tiene excepciones: «En módulos de aislamiento o en el 13 de Teixeiro, todos muy peligrosos, sí están 4 y 3 compañeros y aun así resultan insuficientes». ¿Pero cómo repercuten estas carencias en el marcaje a los internos? «Implica el abandono de muchas tareas. Por ejemplo, si estoy solo para revisar a tres presos citados con abogados, y tengo a otros tres que custodio a la escuela, lo haré mal y rápido y con un ojo en la espalda. Pegarme, clavarme un punzón, puede pasar de todo».
La falta de funcionarios, en este caso sanitarios, condiciona el reparto de medicamentos. En Teixeiro, por ejemplo, se hace dos veces a la semana. «Las pastillas ?principalmente derivados del psicotrópico benzodiazepina, como el Trankimazín? se dan a tres días vista creando mercadeo, auténticos pasadones para quienes las consumen todas el primer día o las venden. Luego, claro, pasan el calvario del síndromes de abstinencia. En sí mismo todo esto ya es un problemón que provoca otros. Basta un dato: desde que empezó el 2019, en el conjunto de las prisiones españolas menos en Cataluña, que van por libre, murieron más de 40 reclusos. El otro problemón llega con los favores que genera semejante bazar, y las deudas... Cuando ocurre eso sí se acuerdan de nosotros, los funcionarios, cuando necesitan protección».
Los funcionarios aseguran que las estadísticas de agresión están falseadas
Las agresiones de internos a trabajadores son otro motivo de disputa con la patronal. Las plantillas acusan a Instituciones Penitenciarias de alterar los datos para esconder la violenta realidad que, insisten, sufren de forma perenne. «El pasado octubre vivimos un caso ilustrativo. Un interno rompió el hueso cigomático a un compañero de Teixeiro que acabó operándose en el hospital. Se interpretó que no implicaba agresión porque tuvo lugar reduciendo al reo -los hechos están judicializados en Betanzos y la dirección del penal espera la resolución para pronunciarse-. La decisión final depende de los responsables de cada penal, pero aplican el Protocolo Especifico de actuación frente a las Agresiones (Peafa) para maquillar los datos».
Delatan, molestos, que los uniformes tampoco son aptos para el trabajo, por momentos físico y necesario de agilidad por lo que pueda pasar. «Los zapatos son más bien para pasear, igual que los pantalones, la americana... pero si usamos hasta hace dos días corbatas de nudo y no con velcro en el cuello, como ahora, para que no puedan ahogarnos. Por no decir que los guantes de cacheo son más bien de jardinero». Luego están las armas que algunos reclusos fabrican con plástico, solo necesitan un mechero para darles forma afilada. «Con eso, o algo metálico, ya tienen lo que necesitan. Explíqueme una cosa... ¿cómo reduciría a un preso fuera de control con dos hojas de cuchillo atadas a cada muñecas para rajar al que se acerque?».
Una formación obsoleta
El muestrario de reivindicaciones incide con varios epígrafes en la necesidad urgente de recibir formación. «Desde que apruebas la oposición apenas podemos actualizarnos. La oferta es mínima o nula». Los cursos para apagar incendios son el mejor ejemplo. «Cuando se inicia un fuego no sabemos si fue accidental, para pegarnos o pegarse entre ellos. Y mientras estás cubriéndote la espalda tienes que apagar el fuego, en un lugar cerrado y pequeño, sin apenas formación. Recibimos un curso hace 3 o 4 años, pero fue solo teórico, ¡lo necesitamos práctico! Y ahora, si convocan otro y ya fuiste al último, puedes quedarte fuera de cubrirse el cupo». También se pone el acento en la urgencia de diferenciar «entre presos normales, o con alguna adicción, de los que están realmente mal, los que tienen que ingresar en psiquiátricos penitenciarios. Carecemos de la formación para atenderlos, así de sencillo».
Instituciones Penitenciarias replica que hay un problema salarial, pero «no de falta de personal»
El retrato de los funcionarios, secundado por las reivindicaciones en la calle, incluye una llamada de auxilio. La gran novedad en todo este movimiento es la Asociación de Funcionarios de Prisiones Unidos (FPU), que intenta trasladar a la población, desde una posición asindical, la realidad de las prisiones. Sus integrantes, «una vez asumido que la unión sindical es imposible», se reconocen hartos de guerras internas. De ahí que asuman un papel de denuncia sobre las condiciones de trabajo y «los abusos que sufrimos», aclara un portavoz. Entienden necesario abrir vías de diálogo con otras entidades para corregir carencias y estudiar propuestas. «Tenemos que salir del agujero, contar de una vez qué pasa en las cárceles».
La respuesta de Instituciones Penitenciarias
La réplica a las denuncias de los funcionarios gallegos llega desde Madrid, de Instituciones Penitenciarias. Minimizan las denuncias sobre precariedad laboral en las cárceles de la comunidad, y contraatacan alegando que «todo es una cuestión salarial, no de más personal». Las fuentes consultadas, ya en Galicia, exponen su visión sobre la falta de personal sanitario que obliga a espaciar la entrega de medicinas: «Es cierto que se podía estar mejor, la oferta de empleo público se vio reducida en los últimos años, pero ya el año pasado, este y para el próximo saldrán más plazas, no solo de personal sanitario. También es cierto que, bajo criterio médico, hay tratamientos que sí se entregan varias veces en un mismo día, y es un profesional el encargado de hacerlo. Otros internos lo requieren también a diario por criterio facultativo, no porque lo diga un funcionario. Eso pasa en todas las prisiones de España. ¿Qué todos los presos podían tener el mismo trato? Claro, pero eso es cómo decir que hay robos en casas porque no hay un coche de policía en cada puerta».
Instituciones Penitenciarias también aporta su visión sobre el reparto de presos en módulos. «En los más conflictivos hay cinco funcionarios, hace años que hay cinco siempre. Lo que sí es cierto es que en la última década la población reclusa ha bajado en más de 10.000 internos. No hay centros masificados. Teixeiro, que llegó a tener 1.800, ahora tiene 1.100, o A Lama, que llegó a tener 1.900-2.000, ahora tiene 1.100 internos. Entonces, ¿ha bajado el número de funcionarios? Sí ¿Hay módulos de respeto en los que solo hay un funcionario? Sí, pero son de autogestión supervisada. Estamos hablando de que entre el 60 y el 70 % de la población reclusa no se producen incidentes. Los recursos tienen unos límites y hay que gestionarlos».
