Aluvión de llamadas a la Fiscalía de los usuarios de la AP-9 para reclamar peajes

Si el juzgado acepta la demanda, Audasa no podrá cobrar cuando haya atascos


vigo / la voz

En la Fiscalía de Pontevedra, donde nace la demanda presentada contra Audasa por el cobro abusivo del peaje de Rande durante las obras de ampliación del puente, se suceden las llamadas telefónicas desde que trascendió el texto judicial presentado por la Fiscalía en el Juzgado Mercantil de Pontevedra. Los interlocutores son usuarios del tramo de la AP-9, entre Vigo y la ciudad del Lérez, interesados en saber qué pasos seguir para hacer oficial su reclamación. También se interesan en los detalles de la demanda para no pagar este peaje en el futuro si el servicio es deficitario, como ocurrió durante los meses que duraron las obras en este puente generando retenciones o restringiendo la circulación en varios carriles sin reducir la tarifa.

La situación creada, y que está siendo atendida al detalle por funcionarios, responde a la propia vocación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concretamente a su artículo 15, que indica que, lejos de ser una cuestión privada, la demanda debe difundirse para ejercer acciones colectivas en defensa de los intereses difusos de los consumidores que puedan adherirse a la misma. Dicho artículo se incluye en el punto sexto de la demanda.

La Fiscalía incluso va más allá al explicar que, el día que se confirme la admisión a trámite de la demanda, reforzarán el llamamiento dirigido a los usuarios que quieran participar. Llegado el momento, y siempre haciendo referencia a los usuarios, tendrán dos opciones. La primera implica la personación de cada afectado en el plazo de dos meses, tras la admisión, asumiendo el coste que implica la contratación de abogado o procurador sin tener garantías en el resultado final. La otra opción, recomendada por la misma Fiscalía, pasa por mantener la calma y esperar una resolución para, luego, pedir la ejecución en calidad de afectado. Esta vía se basa en el artículo 519 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en su parte final otorga plenos poderes al Ministerio Fiscal para instar la ejecución de la sentencia en beneficio de los consumidores y usuarios afectados

Multa de 60.000 euros diarios

La demanda colectiva presentada por la Fiscalía contra Audasa por el cobro abusivo del peaje durante los más de tres años que duraron las obras en el entorno del puente de Rande pide al juzgado que condene a Audasa a la devolución de los peajes cobrados y al pago de indemnizaciones a los afectados. También reclama el cese de esas prácticas «y a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo en cualquier autopista que gestione en España». Pero también incluye la ejecución de medidas subsidiarias si la empresa concesionaria de la AP-9 no presenta, en el plazo de un mes, «un criterio para la eliminación del precio del peaje en los casos de insuficiente fluidez del tráfico». La propuesta de Audasa deberá ser aprobada por el juzgado. Pero si la empresa no presenta ningún plan dentro de ese plazo de un mes, o los que presente son rechazados, la Fiscalía pide que a la empresa se le imponga una multa coercitiva de 60.000 euros por cada día de retraso.

«Levantar las barreras»

Y si finalmente el juzgado no considera oportuno el sistema que proponga la empresa concesionaria para «cesar en la práctica abusiva», la Fiscalía de Pontevedra solicita en su demanda que de forma subsidiaria se imponga directamente el siguiente criterio: que en el caso de que en las cabinas de peaje o en cualquier tramo de la AP-9 en los que, «por cualquier causa», exista una retención o una disminución de velocidad que implique para los vehículos un retraso de al menos 5 minutos respecto del ordinariamente empleado para recorrer dicho itinerario; o bien no resulte posible completar el tramo correspondiente al peaje con una velocidad media de al menos el 80 % de la permitida por la vía, «se habrán de levantar las barreras y permitir el paso de los vehículos sin realizar cobro del peaje».

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