La Xunta es un chollo de por vida

En la última década la Administración gallega solo expulsó a dos empleados públicos por no acudir al trabajo


santiago / la voz

Hay buenas razones para que cada convocatoria de plazas públicas en la Xunta, con las consiguientes oposiciones, genere cierta agitación entre la gente joven y la que no lo es tanto pero que, igualmente, busca un puesto laboral digno y estable. Y tanto, porque el que pone un pie en la Administración gallega con un empleo fijo no sale.

En la década que lleva PPdeG gobernando solo se han producido dos despidos, en el 2011 y en el 2014. En ambos casos eran empleados laborales asignados al Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, y los dos coinciden en el motivo de su expulsión: uno se fumó cinco meses de trabajo y el otro, tres. En ningún caso justificaron sus ausencias. Nunca lo hicieron, aunque el primero se presentó en su puesto cuando se dio cuenta de que había dejado de cobrar sus retribuciones. Un fenómeno.

Fueron dos asuntos feos y muy excepcionales en una gran familia de 92.000 trabajadores -casi como la población de Santiago- en la que la tasa de temporalidad se va a situar dentro de poco en torno al 7 %. Pero no siempre fue el edén laboral del que se presume ahora en una comunidad con dificultades añadidas para encontrar salidas en la empresa privada. Ya han pasado casi cuatro décadas desde la fundación de la Xunta, unos comienzos en los que solo había un coche en el parque móvil y la economía era tan precaria que los funcionarios del Estado no querían integrarse en la joven estructura por miedo a no cobrar. Lo contaba hace poco el que fue conselleiro de Presidencia, Dositeo Rodríguez, que participó en el acto de las primeras bodas de plata de funcionarios autonómicos del cuerpo superior, los mejor pagados (entre 1.800 y 2.700 limpios, sin trienios). Entre ellos estaba un tal Feijoo al que es difícil imaginar ya como un atribulado jefe de servicio en un despacho de las toupeiras de San Caetano.

Para los sindicatos, las inhabilitaciones totales son casi una leyenda urbana, y las temporales, que tampoco son tan habituales, suelen dictarse por vía judicial, así que poco tienen que rascar. Los más veteranos de las trincheras recuerdan anécdotas, expedientes abiertos y algunos casos delicados, pero son incapaces de poner nombre a algún funcionario de carrera que haya perdido por completo sus derechos adquiridos.

Cuando los jueces suspenden de empleo y sueldo es por motivos muy graves: cobrar tasas ilegales se paga con siete años de inhabilitación; beneficiar a empresas con contratos, con seis; y conceder licencias de caza irregularmente, con cuatro años y ocho meses. Son algunas de las sentencias que se han aplicado en el último lustro.

Los jueces han inhabilitado temporalmente a funcionarios por casos muy graves Castigos relativamente severos, casi siempre acompañados con multas y años de cárcel por saltarse, entre otras normas de convivencia, la Lei de Emprego Público, del 2015. Esta dedica nada menos que 13 páginas a desarrollar un régimen disciplinario que recoge faltas leves, graves y muy graves. El más temido y menos usado es el artículo 188, de sanciones disciplinarias, que comporta la «separación do servizo» y que tiene motivaciones del todo razonables: desde el acoso laboral, la agresión física o la negligencia con los secretos oficiales hasta, cuidado, la desobediencia abierta a las órdenes del superior. En eso no hay diferencias con la privada.

Una mala gripe acecha a Villares

El tiempo de Lidia Senra como eurodiputada se acaba y, pese a que los partidos de AGE que la auparon han renegado de ella -o al revés-, se ha sumado a la candidatura de Luís Villares. Su trabajo en Bruselas quedará marcado por su inoportuna pregunta sobre el peligro de las vacunas. Con su fichaje, el portavoz se la deja botando a Feijoo para el próximo debate sobre sanidad.

El señor Lobo se va a Pereiro de Aguiar

Tiene el teléfono conectado 365 días al año y se ha comido más marrones que nadie sin estar en el primer frente político. Luis Menor, director xeral de Emerxencias, deja la capital para aspirar a la alcaldía de su pueblo, Pereiro de Aguiar. Deja más problemas resueltos que generados y un delicado puesto que había ocupado antes el exdelegado del Gobierno Santiago Villanueva, sin cargo visible desde la moción de censura.

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