Los dos presidentes autonómicos se han reunido en Oviedo y acuerdan «ir de la mano» para pedirle a la empresa que reconsidere su posición
19 oct 2018 . Actualizado a las 20:44 h.Los presidentes de Asturias y Galicia, Javier Fernández y Alberto Núñez Feijoo, mostraron en Oviedo un entendimiento total a la hora de reclamar que Alcoa revierta su decisión de cerrar sus plantas de aluminio en Avilés y A Coruña. Un entendimiento en el que quieren sumar también al Ejecutivo central toda vez que, según recalcó, Feijoo, es el Gobierno del estado el que tiene «las competencias» para establecer un marco estable en los precios de la energía que requiere la industria.
El presidente gallego apuntó que la «hoja de ruta» pactada por ambos gobiernos autonómicos pasa por mantener un encuentro en primer lugar con los responsables del Gobierno central ?la primera cita tendrá lugar el próximo martes entre el secretario de Estado de Energía y los consejeros del ramos de las dos autonomías; además de una reunión con la ministra de Industria Reyes Maroto cuando concluya su viaje a China?pero fundamentalmente «porque el Gobierno establezca un marco concreto para la energía en 2019 y abone las partidas previstas para las empresas electrointensivas que están previstas en los presupuestos.
«No es de recibo que los gobiernos nos enteremos de una decisión tan drástica por los medios de comunicación» insistió Feijoo quien calificó de «poco respetuosa» la posición avanzada por la multinacional con el anuncio de cierre unilateral.
Por su parte, el presidente del Principado recalcó la importancia de que se asuma «un pacto de Estado» respecto a los precios de la energía de la industria que permita a las compañías establecidas en España poder ser tan competitivas como las del norte y el centro de Europa. Javier Fernández destacó que para empresas como Alcoa, en la que el precio de la electricidad puede llegar a suponer un 40% de sus costes de producción, es necesario que haya un marco estable en el suministro y expresó su temor de que, si no se toman medidas, «tendremos un riesgo de deslocalización muy peligroso» que podría empujar a más empresas industriales a buscar otros territorios para establecer sus factorías.
Javier Fernández también se refirió al hecho de que a lo largo de la última década Alcoa haya contado con ayudas en la subasta de interrumpibilidad (que fuentes de la administración central cifraron en alrededor de 1.000 millones de euros en los últimos diez años) y que ahora la compañía alegue que las plantas de Avilés y A Coruña no son suficientemente productivas. «Les hemos permitido tener un precio eléctrico con el que competir» indicó Fernández para añadir que si la empresa no ha invertido en la modernización de las factorías «es algo que no se puede achacar a la administración».
El presidente gallego cerró su intervención destacando que en los últimos años, en encuentros «con los tres presidentes que ha tenido Alcoa España» todas sus conversaciones giraron respecto a la necesidad de que el Gobierno central realizara esfuerzos para que los precios de la energía fueran asequibles por lo que volvió a insistir en la necesidad de que el Ejecutivo central se implique en la búsqueda de una solución para que, como hoy con la marcha de Alcoa, «no se hable en el futuro de otras compañías».
