La concesionaria exige el importe autonómico que asumió Fomento y luego eliminó
06 oct 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La Xunta quiere evitar a toda costa tener que volver a pagar el peaje de los tramos de la AP-9 en Rande y A Barcala que en julio del año pasado el anterior Gobierno decidió afrontar en solitario como compensación a su negativa a traspasar a Galicia la titularidad de la autopista. La demanda planteada por Audasa contra el real decreto que incluyó también rebajar a la mitad la cantidad a recibir por los dos tramos, ha provocado que la Consellería de Infraestructuras reclame judicialmente quedar al margen de cualquier sentencia que le dé la razón a la concesionaria. El Gobierno autonómico teme que un fallo a favor de la empresa pueda suponerle tener que volver a pagar los peajes de Rande y A Barcala -eliminados para los usuarios en el 2006-, extremo que rechaza de antemano al haber asumido Fomento el año pasado la compensación por dichos tramos.
El anterior ministro, Íñigo de la Serna, dejó escrito en el real decreto recurrido que Audasa estaba tendiendo «un enriquecimiento injusto» al registrar por los dos tramos pagados por ambas administraciones una evolución de los ingresos superiores a los del resto del vial y mayores que si hubieran seguido con cabinas de peaje. La Administración llega a alegar que se le cobra incluso por vehículos exentos de pagar por ser de servicios de emergencias, o de la propia concesionaria que pasan por el contador instalado en ambos pasos.
2,2 millones menos en 2017
Audasa niega la acusación de haber tenido un enriquecimiento injustificado, y por ello planteó una demanda ante la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo exigiendo que se recupere la anterior fórmula de calcular el pago de ambos tramos y también su cuantía, unos 14 millones de euros anuales. En su último balance contable la concesionaria de la AP-9 refleja haber dejado de ingresar por dicho cambio decidido por Fomento 2,2 millones de euros por los últimos cinco meses del año pasado, cantidad a la que suma intereses de demora, que suelen alcanzar el 8 % en la relación de pagos entre Audasa y la Administración.
En la argumentación de su recurso, la Xunta se adhiere al planteamiento que la Abogacía del Estado ha hecho ya contra las pretensiones de la concesionaria, pidiendo igualmente que se rechace la demanda. Pero además, el recurso firmado por la letrada de la Xunta advierte que la Administración autonómica ya no tiene obligación legal de volver a pagar la parte de los peajes que asumió Fomento, «ni voluntad de hacerlo». La Xunta recalca entre las razones expuestas ante el tribunal que no es titular de la AP-9, y por ello plantea que si se llegase a estimar la demanda de la concesionaria esta tendría que «dejar incólume» la desvinculación legal de la autonomía en dichos pagos hasta el final de la concesión en el año 2048.
La fórmula introducida el año pasado por Fomento para pagar a Audasa por Rande y A Barcala toma el último año con peaje en ambos tramos (2005) como referencia, restando un 10 % por no tener gasto en cabinas y cobradores. A dicha cantidad le aplica el coeficiente de la variación de ingresos en el resto de la AP-9, dejando la factura final en la mitad, 7 millones en lugar de 14.
La empresa reclama subida de peajes y cobros pendientes
Además de la reclamación que enfrenta a Audasa con Fomento y Xunta, la concesionaria ha presentado otra por no haber sido autorizada a subir el pasado 1 de enero los peajes para recuperar la inversión hecha en la ampliación de Rande y Santiago. Otro pleito más registró por no haber cobrado aún por la gratuidad para el usuario en los viajes de vuelta el eje Vigo-Pontevedra, que se aplica desde el 2013.