Los requisitos para suprimir el blindaje judicial de los diputados gallegos hace casi imposible que se produzca ahora mismo un consenso para aprobar la propuesta
19 sep 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Pocas cosas hay inmutables en política, pero es casi más fácil que una oveja ataque a un lobo que modificar el régimen del aforamiento judicial del que disfrutan los 75 diputados del Parlamento gallego. La propuesta lanzada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para acabar con los blindajes judiciales de los políticos se dio de bruces con la necesidad de reformar la Constitución, aunque sea por el método simplificado de la reforma exprés utilizado en el 2011.
No obstante, una reforma así puede ser más complicada en el caso gallego, pues exige una reforma del Estatuto, que requiere de una mayoría cualificada de dos tercios, necesita que la mayoría del Congreso apruebe la reforma mediante ley orgánica y hace falta el voto favorable de los gallegos en referendo.
Casi es más fácil que la oveja ataque al lobo. Pero eso no es óbice para que los grupos políticos exhiban un consenso aparente en favor de suprimir los aforamientos. Es más, llegaron a ratificarlo en un acuerdo de junio del 2017, en el que, a instancias del socialista Juan Díaz Villoslada, el Parlamento expresó por unanimidad su posición favorable a acabar con el instituto del aforamiento, pero preservando que los parlamentarios no puedan ser «perseguidos» por los votos u opiniones vertidas en el ejercicio de su cargo.
Y ayer, tras la reunión de la Xunta de Portavoces en O Hórreo, volvieron a escucharse pronunciamientos favorables a ponerle coto a una prerrogativa que está blindada a prueba de balas.
El portavoz del PPdeG, Pedro Puy, dijo que si la reforma se abriera camino a nivel de Estado, en Galicia se haría «o mesmo». Fue lo pactado en el 2017. Pero duda de la sinceridad de Sánchez, pues considera que se limitó a «botar un coello a correr para que vaiamos detrás».
También el portavoz del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, puso por delante las dificultades de reformar la Constitución para acabar con los aforamientos en Galicia, pues recordó que en su día la reforma no la apoyó el PP y que hoy, con Pablo Casado al frente, habría incluso menos margen para el consenso.
BNG y En Marea recelaron igualmente de la propuesta socialista, al considerarla o bien insuficiente o bien electoralista. Así que el consenso para cambiar las cosas es mucho más débil que el blindaje legal que consagra los aforamientos.