El PP corrige al Tribunal Superior y niega desvío de poder de la valedora

Avala con sus votos a Milagros Otero, que cometió «erros» al plantear su defensa

Un momento del recuento de votos por el presidente y los vicepresidentes del Parlamento
Un momento del recuento de votos por el presidente y los vicepresidentes del Parlamento

santiago / la voz

El PPdeG está convencido de que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia conocida hace dos semanas no inhabilita a Milagros Otero para seguir ejerciendo sus funciones al frente del Valedor do Pobo, a pesar de que tras la denuncia de un aspirante a una plaza de libre designación dentro de la institución quedó probado que esta utilizó su cargo para influir en el proceso y favorecer a una persona concreta.

El grupo parlamentario mayoritario se reunió a primera hora de la mañana, antes de que echase a andar el último pleno ordinario de este período, y decidió que con sus 41 votos iba a sostener a la valedora tras varios días de reflexión interna y de búsqueda de respuestas y justificaciones por parte de la protagonista. Finalmente, los populares dan credibilidad a las argumentaciones esgrimidas por Otero en la propia Cámara pasando por encima de la decisión de tribunal, que está recurrida desde este lunes.

«Unha decisión firme precisa unha sentencia igualmente firme», sostuvo la diputada Paula Prado, encargada de dar sentido en la tribuna a la polémica postura de su grupo. No dejaron hueco de momento los populares a la posibilidad de replantearse su decisión si el recurso de Otero fracasa, porque entienden que tras sus explicaciones y la aportación de documentación en una comisión queda suficientemente acreditado que no existió «desvío de poder» para favorecer a la funcionaria María Puy Fraga, que es hija del mentor académico de la valedora, el catedrático de Derecho Francisco Puy, y hermana del portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy.

Así transcurrió el pleno en el que se debatió el futuro de la valedora En el pleno celebrado en O Hórreo, el PP ratificó con sus votos a Milagros Otero. Toda la oposición reclamó su dimisión

Prado se detuvo en la cuestión del parentesco para defender a su jefe de filas, al que consideró una persona honrada que no se presta a ningún tipo de recomendación, pero que se ha visto envuelta en una «casualidade» familiar, cuestión que fue utilizada con diferente intensidad por parte de las fuerzas de la oposición, que votaron en bloque contra la continuidad de la valedora. Pero se quedaron muy lejos de conseguir las tres quintas partes de los votos (45 de 75 ) que necesitarían para propiciar el recambio en la institución.  

Una mala defensa jurídica

A la viceportavoz del PP le tocó hacer en el hemiciclo de abogada defensora de Otero, toda vez que esta había cometido «erros» en su planteamiento jurídico ante el tribunal. Y por eso recordó Paula Prado que el Parlamento no es una sede judicial, de ahí que cualquier criterio para sacarla del puesto tuviese que tener en cuenta en exclusiva parámetros políticos, y dio por válida la documentación que Otero llevó a la comisión y que, sin embargo, no aportó en el proceso, como recordó el presidente Feijoo con cierto malestar la pasada semana. Para los populares, la sentencia sería muy diferente si se hubiese empleado a fondo en los juzgados, igual que, a su entender, hizo en O Hórreo tras verse envuelta en la polémica.

Con esos mimbres, y obviando el duro texto del TSXG, el PPdeG da por cierto que no existió irregularidad alguna en la concesión de la plaza, que Otero se apartó de los trámites al detectar un conflicto de intereses y que el que llevó el peso de la tramitación fue el valedor adjunto, Pablo Cameselle, propuesto por los socialistas, que en el 2015 facilitaron el nombramiento de Otero con la abstención de nueve de sus diputados. Además, incidió Prado, esta reaccionó de forma correcta al destituir a María Puy Fraga del cargo a las pocas horas de conocerse la sentencia.  

Cuestión de procedimiento

En el debate de argumentos con la oposición salieron casos del pasado, como la anulación de 69 nombramientos impulsados por la Diputación de Ourense (gobernada por el PP) o las condenas por irregularidades en materia de personal del Ayuntamiento de A Coruña, aunque unos y otros trataron de marcar diferencias al interpretar que en el caso de Otero hay «enchufismo» y los otros fueron por problemas de procedimiento administrativo.  

La oposición pide que Otero dimita tras perder el apoyo con el que accedió al cargo

Para los grupos de la oposición hay caso judicial, que está avalado por una sentencia, y también hay caso político. Y con cualquier perspectiva debería tener el mismo final: la dimisión de Milagros Otero. Es más, los socialistas gallegos entienden que la valedora debería haber renunciado por voluntad propia antes de celebrarse la sesión plenaria porque ya no cuenta con el decisivo apoyo que ellos mismos le brindaron en su día. Sin entrar en la «flagrante» desviación de poder, la diputada socialista Patricia Vilán se preguntó en su intervención en el Parlamento cómo es posible que una catedrática y exdecana de Derecho pueda desatender la documentación en un juicio que, recordó, le costará a la institución 1.500 euros. 

«Do lado da corrupción»

Luís Villares (En Marea) lamentó que el PP se haya puesto «do lado da corrupción» en vez de estar «cos dereitos fundamentais», y consideró acreditado que Otero despreció la elección de un puesto de libre designación por mérito y capacidad para «enchufar» a la sobrina de Manuel Fraga. El dirigente político, que calificó el debate como «o máis importante da lexislatura» en materia de corrupción, insistió en que se trata de un caso de «colocación clientelar» que genera «bochorno» en Galicia.

El BNG, a través de su diputado Xosé Luís Rivas, puso de relieve que su formación ya cuestionó la designación de Otero como valedora por su «traxectoria de compromiso público co PP», que ahora considera probada al haber permitido que un «vello e rancio sistema caciquil» se haya instalado en una institución como la del Valedor do Pobo, que, precisamente, debe velar por los derechos de los ciudadanos, por la transparencia y por las buenas prácticas públicas.

0TROS ASUNTOS

El pleno vuelve a la carga con la AP-9, pero sin designar ponentes

El Parlamento de Galicia va a remitir al Congreso un dictamen para reclamar la titularidad de la autopista de peaje AP-9, de forma que la gestión pase del Estado a la Xunta. Se trata de la tercera ocasión en la que la Cámara gallega tramita esta petición, tras dos rechazos consecutivos en las Cortes, pero lo hará cuando se nombren a los tres diputados que defenderán esta iniciativa en Madrid. Así lo solicitó el BNG, que consideró «inxusto» que la formación nacionalista se quede fuera de esta representación, cuestión que fue respaldada por En Marea y que encontró la comprensión del PPdeG, por lo que no habrá designación hasta que la Mesa del Congreso dé vía libre a la proposición.

En el debate, el viceportavoz de En Marea Antón Sánchez exigió al PP que se ahorre «o circo» en el Parlamento buscando el acuerdo en Galicia para después rechazarlo en Madrid, avalando lo que denominó como un «roubo legalizado» por parte de la concesionaria. El socialista Raúl Fernández recordó que una AP-9 en manos gallegas podría generar «valor engadido», y el BNG insistió a través de Luís Bará en la rebaja de los peajes. El diputado popular Fernández Prado recalcó que su partido «sempre» estuvo a favor de la transferencia, cuestión que no pueden sostener en el PSOE y el BNG, dijo, y sugirió a las fuerzas políticas que no mezclen la gestión de la infraestructura con los peajes, que obligarían a indemnizaciones a Audasa.

Además, el pleno rechazó con los votos del PPdeG dos proposiciones de los socialistas y de En Marea. La primera, respaldada por el resto de la oposición, reclamaba una modificación de la actual ley autonómica de medios públicos y un calendario para terminar de desarrollarla, con la creación de un consejo de informativos y la revisión del nombramiento del director con respaldo parlamentario. La popular Raquel Arias defendió la actual gestión a través de una «boa lei» que garantiza la independencia profesional, cuestión que mereció los abucheos de parte del hemiciclo.

Tampoco salió adelante la propuesta de regular la publicidad sanitaria, sobre todo en el ámbito privado. El PP cree que la actual normativa ya es suficiente.

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