La toma de partido de los fiscales en este asunto es una buena noticia; los derechos de los clientes estarán más protegidos
24 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Vino a decir el ministro de Fomento en una entrevista a este periódico que gestionar la AP-9 era un quebradero de cabeza. Es obvio. El contexto legal, la obsoleta ley de concesiones de autopistas que se aprobó en 1972, es un instrumento perfecto para convertirlo en un embudo normativo, la parte ancha para las concesionarias, la estrecha para los contribuyentes, los usuarios e incluso la Administración, como demuestra la exención del 95 % del IBI a estas empresas. Se retocó a lo largo del tiempo, pero precisamente para endurecer las sanciones a los usuarios que se negaban a pagar en las cabinas, a menudo en acciones de protesta. Es evidente que en el negocio de las autopistas hay actores muy influyentes, que a menudo comen en la misma mesa que muchos políticos.
Reconforta por tanto que la Fiscalía tome cartas en el asunto buscando recovecos legales por la vía civil para compensar a los sufridos usuarios de Rande que, ingenuamente, quizás pensaron que cuando el presidente del Gobierno vino a inaugurar el puente reformado ya se habían terminado las molestias. Pues no, las más graves comenzaron a partir de entonces. Fomento y la Xunta alegan que para poder ejecutar las obras de la segunda fase era necesario tener en servicio los nuevos carriles exteriores. Bien. ¿Por qué no se esperó entonces para cortar la cinta? Ni siquiera era necesario el acto inaugural para ejecutar la subida de los peajes que sufragará la ampliación, una cuestión que aún sigue en trámite administrativo. En este punto, se agradece la prudencia de Fomento: es fácil imaginar que autorizar la subida cuando aún continúan los atascos por las obras hubiera sido la gota que hubiera colmado el vaso de la paciencia. En cambio, la medida para levantar las barreras de los peajes solo en situaciones límite es timorata. Si se hubiese actuado con determinación en este asunto, quizás la Fiscalía no habría entrado en juego.
Para los que sufrieron a diario la escasa empatía de Audasa hacia sus propios clientes, la toma de partido de los fiscales en este asunto es una buena noticia. Al menos la empresa se sentirá más vigilada. Y los derechos de los clientes estarán más protegidos. Con la multa de 1.200 euros a la concesionaria de la AP-6 por dejar a cientos de personas atrapadas en la nieve ha quedado claro que el instrumento administrativo de Fomento para sancionar no solo no es efectivo. También es ridículo.