El nuevo reglamento europeo no permitiría resolver el caso Diana Quer

Bruselas quiere limitar el tiempo que se pueden conservar los datos de telefonía

.Diana Quer
Diana Quer

Ribeira / la voz

«Si las compañías [de telefonía] no hubieran conservado los datos no habríamos resuelto el caso». Esas fueron las palabras del coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí, en la rueda de prensa que ofreció el pasado 2 de enero. El mensaje, que envió desde la sede de la Delegación de Gobierno, en A Coruña, tenía su objetivo lejos de la provincia gallega, concretamente en Bruselas, en la Comisión Europea, donde actualmente se debate si el control de los datos móviles es desproporcionado y atenta contra la privacidad de los propios ciudadanos.

La polémica nació a raíz de varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que señalaron que la directiva comunitaria vulneraba varios puntos de la Carta de Derechos Fundamentales, como era el derecho al respeto de la vida privada y familiar, así como el de domicilio y comunicaciones. A pesar de estos fallos, el propio TJUE declaró que los crímenes graves sí eran un motivo de peso para almacenar esta información, pero que no se podía hacer con toda la población.

En la actualidad, todo el marco europeo está siendo revisado, ya que, además de las sentencias citadas, la directiva era ambigua en ciertos aspectos. En esta no se definía concretamente qué autoridades podían acceder a la información de las firmas de telecomunicaciones y tampoco se precisaba cuánto tiempo podía ser almacenada.

Para adelantarse a los posibles cambios, el Gobierno español reformó la legislación nacional para sobreponerse a esa ambigüedad de la norma comunitaria. En el año 2015, el Parlamento modificó varios puntos de las leyes de Enjuiciamiento Criminal y de la de Conservación de Datos para que esta información solo pudiese ser cedida a los responsables de una investigación si había autorización judicial. Los crímenes a resolver, además, deberían ser aquellos con penas de más de cinco años de prisión. A mayores, se dictaminó que la conservación de esta información tendría un plazo máximo de 12 meses, ampliable a dos años.

Los cambios

A pesar de que la Guardia Civil considera que si se deja de recopilar esta información habrá casos que nunca llegarán a resolverse, la Unión Europea se plantea que la conservación se realice solo por un tiempo de tres meses. El nuevo reglamento de protección de datos será aplicable a partir del 25 de mayo del 2018. Aunque se trate de un reglamento, este será aplicable a todos los países miembros. Los estados tienen margen de actuación, por lo que España ya ha movido ficha para adecuarse a los cambios. Sin embargo, las partes siguen expectantes sobre cómo se aplicará definitivamente la norma europea, y si permitirá seguir el mismo camino que con la investigación del caso Diana Quer.

«Analizamos más de dos millones de datos de repetidores de telefonía, que hemos ido descartando», puntualizó el propio Corbí. Entre esta información se incluyeron aquellos que permitieron identificar el origen y destino de cualquier llamada, como puede ser el número de teléfono que la hizo, la dirección del abonado o la IP. Además, también pudieron conocer las horas exactas a las que un móvil puede conectarse a Internet o los datos para identificar el celular, como puede ser la Identidad Internacional del Equipo Móvil (IMEI).

Mientras los parlamentarios europeos plantean cómo será finalmente el reglamento, Corbí lo dejó claro en su comparecencia pública: «En la Comisión Europea hay un debate para que, en aras de privacidad, las compañías no guarden los datos [de telefonía]. Me parece perfecto. Habrá casos que no se resuelvan». El primero sería el de Diana Quer.

El uso de micrófono para controlar al Chicle no fue clave, pero sí lo ha sido en otros casos

La Guardia Civil utilizó todos los medios a su alcance para que José Enrique Abuín Gey pasase de ser sospechoso a convertirse en el culpable del asesinato de Diana Quer. En este trabajo, los agentes llegaron a colocar un micrófonos en el coche del Chicle, aunque no fueron determinantes en el caso, ya que las conversaciones entre Abuín y su esposa nunca abordaron el crimen y parecían «enlatadas», tal y como afirmó el propio Sánchez Corbí.

A pesar de que, en esta ocasión, los micrófonos no funcionaron, esta herramienta sí ha sido clave en otras ocasiones. La primera vez que se utilizaron en una vivienda fue en los años 90, en el caso de Anabel Segura, cuando esta joven de 22 años fue secuestrada en Madrid. El cuerpo apareció dos años y medio después en Toledo. Fue la Policía Nacional quien dio este novedoso paso, marcando una tendencia que acabo instaurándose.

Normalidad

El uso de estos dispositivos está regulado al detalle en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Entre los más utilizados por los cuerpos de seguridad del Estado están las balizas para seguir coches, ya que son repetidores que marcan en todo momento donde se encuentra el vehículo. Además, el uso de micrófonos, en casas y coches, también es un mecanismo para seguir a los sospechosos.

El avance tecnológico también ha dotado a los cuerpos de cámaras en miniatura que se pueden colocar tanto en viviendas como en los vehículos. La intervención de teléfonos para conseguir sus llamadas y mensajes, así como la localización de los celulares, es otro medio que tienen disponible y son habituales en servicios de cierta entidad.

Esto en cuanto a los medios técnicos, ya que Guardia Civil y Policía Nacional también pueden tener acceso a los medios que hay en la vía pública, como pueden ser las cámaras de circuito cerrado de los bancos, las que se colocan en puntos estratégicos de las carreteras para el tráfico, o incluso en gasolineras.

Enrique Abuín Gey sigue sin abogado y podría tener que representarlo un letrado de oficio

La norma indica que debería salir del partido judicial de Ribeira, donde se instruye la causa

A. Sevilla / J. Romero

José Enrique Abuín Gey, el Chicle, sigue sin abogado. El letrado que lo representó hasta el pasado viernes, Ramón Sierra, decidió renunciar por las «dudas en torno a la línea de defensa». El coruñés afirmó, desde un primer momento, que dejaría la causa si la versión del Chicle no correspondía con la de la autopsia. El rianxeiro aseguró que había matado a Diana Quer después de atropellarla en el paseo de O Areal de A Pobra, aunque el estudio médico confirmó que la muerte de la joven de 18 años había sido por estrangulamiento.

«Para poder ejercer en un asunto penal, incluso de la más mínima trascendencia, desde el robo de unas gallinas hasta lo que fuera, es necesario creer total y honestamente en lo que se está haciendo para hacerlo con pasión y amor a la profesión, y difícilmente en este instante, al menos yo, lo puedo hacer», afirmó el propio Sierra, que puntualizó que hay varios candidatos para defender al Chicle.

De no ser así, el letrado que lo represente tendrá que ser uno de oficio. La norma indica que debería salir del partido judicial de Ribeira, donde se instruye la causa.

Caso Diana Quer, la infamia que se repitió

MONCHO ARES
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Escenarios del crimen de la joven madrileña coinciden con los de otra chica violada y asesinada hace 35 años

Cuando un crimen machista como el de Diana Quer golpea a una sociedad, siempre hay quien trata de hallar una explicación que aminore el impacto de lo incomprensible. Y una de las justificaciones más socorridas suele englobarse en la frase «eso antes no pasaba». Sin embargo, un suceso con similitudes al que acabó con la vida de la joven madrileña tuvo prácticamente los mismos escenarios en julio de 1982, es decir, separados en el tiempo por 35 años, pero con tantas coincidencias que se podría asegurar que, desgraciadamente, la infamia, como ocurre con la historia, se repite para escarnio de quienes recurren al olvido como terapia para tratar de superar las tragedias.

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