Su creación costó 1.428 millones, Fomento la tasa en 4.300 millones y Sacyr valora en 1.548 toda Itínere
03 jun 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Por tercera vez en su historia, la autopista AP-9 es objeto de puja. Establecer su valor, así como el del conjunto de las autopistas que forman el grupo Itínere, no concita el consenso mínimo para llevar a buen puerto las negociaciones abiertas desde hace un año con los cinco principales propietarios del conglomerado concesional.
El punto de partida en la valoración de la autopista del Atlántico lo constituyen los 1.434,6 millones de euros que Audasa cuantifica en sus balances como el importe invertido en su construcción y ampliaciones. De ellos declara haber amortizado 464,8 millones, aunque desde que abrió el primer tramo del vial en 1979 haya ingresado en sus cabinas de peaje 2.657,7 millones de euros.
Aunque no llega a mil millones lo que le falta por recuperar a la concesionaria en los próximos 31 años que restan a la concesión tras sus tres ampliaciones de plazos, el Ministerio de Fomento señaló, como barrera infranqueable para hacer gratuito el vial, que habría que pagar a Audasa 4.300 millones para compensar tanto sus inversiones como el lucro que se le privaría de obtener hasta el año 2048 si rescatase para el uso público y gratuito el principal vial de Galicia.
Esa cifra, notablemente desorbitada a juicio de las formaciones políticas de la oposición e incluso según el análisis de empresas del sector, la obtiene el Ejecutivo de multiplicar un año de peajes (138,6 millones en el 2016) por el tiempo que aún le queda a la concesión.
Especialistas en el ámbito de las autopistas de peajes reducen sin embargo ese precio por debajo de dos mil millones, incluyendo en su estimación la deuda de Audasa y el convencimiento de que se recuperarán los tráficos de la AP-9 por encima de los niveles previos a la crisis.
Extrapolación de precio
Sin embargo, la oferta de Globalvía por la AP-9 y las otras cuatro concesiones de Itínere y su participación en la de Santiago-Dozón apenas supera los 1.000 millones de euros.
El único accionista que ha puesto precio públicamente a la venta de su participación presenta otras cuentas muy diferentes al aspirante a convertirse en dueño de la principal autopista gallega, las dos autonómicas y las de Navarra, León y Burgos. La constructora Sacyr, el socio más interesado en la venta para tratar de reducir su deuda, tasa su 15,51 % de Itínere en 240,09 millones de euros. Extrapolada dicha valoración a todo el grupo y sus autopistas, elevaría su precio a 1.548 millones de euros.
Dicho montante es sin embargo casi idéntico al que en el 2003 pagó la propia Sacyr a la Administración central, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por asumir la Empresa Nacional de Autopistas y con ellas las concesiones que formaron Itínere. Las arcas públicas recibieron entonces 1.586 millones de euros, un 44 % más que lo que pedía el Estado en la operación de privatización de la autopista del Atlántico y sus concesiones hermanas, en una puja a la que aspiraron quince grupos constructores y financieros.
Menos que las quebradas
Los cinco viales de peaje ahora en venta presentaron en su último balance conjunto una facturación de 269,4 millones, de los que el 49,8 % fueron aportados por los usuarios de la AP-9, convirtiendo a la infraestructura gallega en la joya de la corona.
Frente a su rentabilidad y los 1.000 millones que ofrece Globalvía en su intento de compra, el Ministerio de Fomento considera que las ocho autopistas quebradas (radiales de Madrid y dos tramos levantinos de la AP-7) que pretende sacar a concurso en breve tendrán un valor global de venta de 3.000 millones. La patronal del sector de las autopistas, Seopan, lo eleva incluso a 5.000 millones, y sin la deuda de la que se hará cargo el Estado.