Los cuatro grupos parlamentarios exigen la transferencia inmediata de la AP-9
20 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La Consellería de Infraestruturas va a revisar con Fomento cada céntimo que Audasa quiere repercutir a los gallegos en los peajes a partir del 2018. La comisión de seguimiento de la AP-9 que conforman la Xunta y el ministerio deberá reunirse antes de la anunciada subida, y ese será el momento para pedir explicaciones a la concesionaria, que pretende volcar sobre los usuarios la recuperación de las bonificaciones del tramo Vigo-Pontevedra, el IPC y la compensación por las obras. Este último será el punto más polémico, porque el Ejecutivo gallego no quiere que se aplique la subida del 1 % hasta que finalicen las actuaciones en Rande y Santiago.
En cualquier caso, «las obras habrá que pagarlas de algún modo», afirma el diputado popular Martín Fernández Prado, quien respalda la intención del Gobierno autonómico de exigir «explicaciones» a Audasa, que no debería aplicar las subidas sin concretar el montante de las obras.
Los socialistas, por su parte, creen que esta fórmula de financiación -la concesionaria asume las obras a costa de subir peajes- debe desaparecer. Por ello el portavoz Xoaquín Fernández Leiceaga ha anunciado una proposición para que en adelante sea Fomento el que presupueste estas actuaciones. El BNG, lejos de justificar el incremento de precios, defiende acabar «co agravio na xestión» para que desde Galicia se puedan explorar fórmulas de abaratamiento «co obxectivo final da supresión das abusivas peaxes», sostiene el pontevedrés Luís Bará. Antón Sánchez (En Marea) también cree que es posible el «rescate» de la AP-9, que califica como un «negocio sen parangón» en Europa, y opina que la subida del 1 % en compensación por las obras es un «agasallo» para consolidar la posición de la empresa con respecto a la Xunta.
A pesar de los matices, los cuatro grupos sí se pusieron de acuerdo ayer en la comisión parlamentaria para agilizar el calendario y tramitar la ley de transferencia en la Cámara -a mediados de mayo- para que llegue cuanto antes al Congreso. Los ponentes del texto serán Martín Fernández (PP), Antón Sánchez (En Marea), Raúl Fernández (PSdeG) y Luís Bará (BNG).