Las testigos protegidas guatemaltecas declaran que una monja les consiguió el trabajo
11 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Tres de las siete testigos protegidas declararon ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Vigo, que investiga una red clandestina acusada de introducir en España a treinta guatemaltecas para explotarlas laboralmente como internas en casas de Vigo donde cuidaban a ancianos y limpiaban. Un clan les prometió ganar entre 1.200 y 1.500 euros en el servicio doméstico en Vigo, donde abunda el empleo. Inicialmente, el viaje a España iba a costar 30.000 quetzales (menos de 4.000 euros). Las introducían en Vigo con visado de turista y luego les reclamaban 6.000 euros, que debían saldar con su trabajo.
Las mujeres pronto se vieron desamparadas porque carecían de papeles ni contratos legales, trabajaban todo el día y cobraban 500 o 600 euros al mes. Las empadronaban para acceder a la Seguridad Social y otras ayudas.
La Fiscalía especial de Extranjería atribuye a la red de tráfico de personas la promoción de la inmigración ilegal desde aldeas perdidas de Guatemala.
El interrogatorio de ayer fue lento y tenso, y una testigo se desmayó por la ansiedad y fue evacuada hasta una ambulancia.
Según una testigo, al llegar a Vigo, su reclutadora le dio una dirección a la que dirigirse para que le buscasen trabajo. Encontró a la monja de una congregación del centro de Vigo que actuaba de buena fe y que la colocó en un empleo, labor que algunas de las inmigrantes ilegales agradecieron. Una contó que vivía en la selva e ignoraba lo que era una fregona hasta que llegó a Galicia. Según una experta, es probable que algunas perjudicadas no hayan asimilado su condición de víctimas. «Son mujeres realmente pobres en su país y sus familias tienen muchas deudas. Todas reciben presiones en su país para que sigan aquí y paguen porque es gente que participa del negocio», dice una letrada que estudia el caso y se acaba de personar a favor de las víctimas.
La asociación Faraxa, que actúa como acusación popular contra las redes de tráfico de mujeres, equipara sus condiciones casi a la «esclavitud». Las víctimas se ven obligadas a trabajar las 24 horas por un salario mísero. El colectivo cree que la red dirigida por compatriotas guatemaltecos estaba asentada en Vigo desde hace años. Un dato chocante es que el censo vigués solo registra medio centenar de naturales del país centroamericano y hay 30 víctimas en la trama.
La defensa alega que las trabajadoras enviaban cada mes 300 o 400 euros a su familia, prueba de que nadie las explotó. La acusación replica que así no levantaban sospechas y destinaban el resto del salario a su deuda.
La defensa alega que funcionan como los emigrantes gallegos en América
La Policía Nacional de Vigo descabezó la cúpula de la red y rescató a las inmigrantes. Era un clan de cinco guatemaltecos que quedaron libres con cargos. Un abogado alegó que todos son familiares y conocidos de la misma región centroamericana y que funcionaban con el método del boca a boca que usaban los gallegos cuando emigraron a América. Primero iba un tío, llamaba a sus hijos, y luego a sobrinos. Aseguran que los implicados no cobraban dinero.