El inicio del juicio del caso Nóos deja una sensación agridulce. Es una excelente noticia ver a la infanta Cristina en el banquillo. No por morbo ni por ensañamiento hacia su persona, sino porque demuestra la independencia de la Justicia y que nadie escapa a su acción, sea cual sea su alcurnia y condición. Que quien la haga la pague es un principio esencial de un Estado de derecho. Por eso, duele el empeño de la Fiscalía en evitarle el juicio a la infanta. No por su argumentación sino por su actitud, por un empecinamiento que viene ya de la fase de instrucción y que parece convertir la situación personal de Cristina de Borbón en la clave de toda la causa. Da la impresión de que ejerce más como abogado defensor que como acusador público, y esa trasposición de papeles es lo que más daño hace al proceso, a la imagen de la Justicia e incluso a la propia infanta. Como interesadamente señaló el letrado de Manos Limpias, evitarle el juicio no es la mejor manera de ayudarla, ya que permanecería para siempre el estigma.
En todo caso, sea cual sea la decisión final del tribunal, no hay razón a priori para pensar que no responda a razones estrictamente jurídicas y a lo que sus miembros consideren más ajustado a derecho. De momento, las luces de la Justicia iluminan mucho más que las sombras de la sospecha.