La Fegamp señala la fórmula de la cesión a los concellos, en función del coste y la disponibilidad de servicios, y la Xunta insiste en su plan para aligerar su factura de 6 millones al año en alquileres
10 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Las cuentas del aeropuerto de Santiago arrastran un agujero desde la construcción de la nueva terminal. Las instalaciones que entraron en servicio hace cuatro años son más cómodas y espaciosas, y están diseñadas para atender una demanda de hasta 4 millones de viajeros al año, pero su impacto aflora en los números rojos. Lavacolla cerró el ejercicio 2014 con unas pérdidas de 15,42 millones antes de impuestos, solo superadas en la red de Aena por el aeropuerto de La Palma. Mientras la flamante terminal compostelana trata de remontar el vuelo tras la crisis del bienio 2012-2013, sus cristaleras permiten recrear la vista con el antiguo edificio. Es, tal vez, el más emblemático representante de un catálogo de inmuebles públicos sin uso que, según el cómputo que elabora el Ministerio de Hacienda, cuenta en Galicia con 658 ejemplares. El censo incluye decenas de centros sanitarios y más de 500 educativos, pero también antiguos consistorios, teleclubes o cámaras agrarias. ¿Qué se puede hacer con ellos? ¿Es tan difícil darles una nueva utilidad?
El contexto
El legado del bum inmobiliario.
Este problema ha sido durante décadas una bola de nieve en permanente cuesta abajo para la Administración autonómica. De su dimensión dan buena cuenta los ahorros que la resolución de contratos y la negociación a la baja han propiciado en una factura en alquiler de inmuebles que, pese a todo, ronda todavía los 6 millones al año. La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) apunta como posible salida para algunos de los edificios ociosos de otras administraciones a su cesión a los ayuntamientos, aunque siempre en función del coste de abrir los locales y la disponibilidad de servicios para darles utilidad. En todo caso, advierten que siempre habría que estudiar cada caso de forma individual. Puede que en la Xunta y en los concellos abunden las ideas, pero las dos administraciones coinciden en que la prioridad ahora es descartar soluciones que impliquen gastos.
La mudanza
Reducir arrendamientos. La Xunta sacó a la luz el lastre contable que suponen las decenas de dependencias repartidas por las cuatro provincias, y en Madrid (Casa de Galicia), cuando puso en marcha un plan para rebajar su impacto. En el 2009, sufragaba al menos 77 edificios de oficinas, con un gasto anual de algo más de 10 millones en rentas, según el cotejo de las partidas consignadas en los Orzamentos. Aunque había muchos más en una Administración paralela que en Galicia llegó a cobijar más de 150 entes. Solo la extinción de las fundaciones comarcales liberó 34 sedes. Oficialmente, la Xunta admitía en el 2009 un coste de 7,6 millones, mientras la oposición lo subía a 15. Fue entonces cuando Feijoo incorporó la estrategia de reducción de esa factura al manual de austeridad que desplegó al llegar al Ejecutivo.
El plan tenía tres líneas de actuación: aprovechar los inmuebles en propiedad y suprimir al máximo los alquileres, renegociar a la baja los contratos de arrendamiento cuando no fuera posible su supresión, y limitar al máximo operaciones que dieran lugar a nuevas rentas. Según los primeros balances de la Xunta, estas medidas permitieron bajar el gasto a 6 millones en el 2012.
Un ejemplo reciente de esa política es el traslado a la sede de la Escola Galega de Administración Pública de varios departamentos que ocupaban espacios en alquiler. La Administración cifra el ahorro en 120.000 euros al año.
¿Pero qué pasa con los edificios que son propiedad de la Xunta y están vacíos? Facenda sostiene que, a nivel global, su premisa es optimizar todos sus inmuebles ociosos para darles uso, lo que redundará en nuevos ajustes de la factura por arrendamientos.
La enajenación
El Estado apuesta por vender. El momento no era el más idóneo, pero el Gobierno de Rajoy optó en el 2012 por impulsar, dentro del plan de reforma de las administraciones, la enajenación de bienes para recortar el elevado gasto inmobiliario. Con la crisis económica golpeando fuerte, anunció que sacaría al mercado 15.000 inmuebles públicos. En el 2013, aseguró que había vendido instalaciones y otros bienes del Estado por 88 millones y que, en una estrategia con la que emuló la de la Xunta, había ahorrado 40 al renegociar a la baja 356 alquileres. Pero la operación no tuvo mucho éxito en Galicia. Un ejemplo. De las 126 propiedades que Defensa puso a la venta en la comunidad, este verano solo había colocado trece: 10 en Ferrol, y tres locales en A Coruña, Vigo y Noia, que fueron adjudicados en subasta pública. En Ferrol, ese patrimonio del Estado pasó al Concello por un convenio.
La cesión
Los alcaldes no quieren costes añadidos. El presidente de la Fegamp, el socialista Alfredo García, sostiene que el de los edificios públicos sin uso «es un problema complejo, que depende de cada caso concreto». El también alcalde de O Barco parte de la idea de que la mayoría de los inmuebles en esa situación son propiedad de las administraciones estatal o autonómica, y defiende que la fórmula que más puede interesar a los concellos es la cesión, siempre que las arcas municipales puedan asumir el coste de abrir el edificio y cuenten con servicios para darle utilidad. «Hay que ir caso por caso. El problema es si las administraciones están pagando un alquiler por esos edificios vacíos», dice.
García tiene un ejemplo en su municipio de cesión de un edificio singular. Alojaba la sede de la extinta Fundación Comarcal de Valdeorras y ahora lo utiliza la Cruz Roja. «Pedimos la reversión a la Xunta, no supone un coste añadido para el concello y el edificio no se deteriora con el cierre», explica el regidor. Hay alternativas, pero falta interés público y el mercado privado apenas divisa aún la salida de la crisis.