La Xunta no contempla devolver a su personal lo que le quita de las extras

El Ejecutivo de Feijoo reconoce a los empleados públicos un lugar destacado entre «los ciudadanos que más han aportado a la crisis». Por eso, se compromete ahora a intentar acelerar los plazos que se dio en la Lei de Emprego Público y, si se mantiene la mejora económica, adelantar un año la restitución del complemento específico de las extras, que la norma prevé para el 2018. Los casi 94.000 trabajadores de la Xunta y de las tres universidades podrían así volver a percibir esas dos pagas íntegras en el 2017. Pero lo que tienen más complicado es recuperar lo empezaron a perder en el 2013 con ese recorte, que supone una merma media anual en su retribución del 4 %.

La Consellería de Facenda no contempla devolver el importe que esos 94.000 empleados cobrarán de menos durante los cuatro años de aplicación de esa restricción salarial, en el caso de que finalmente restituya el complemento específico de las extras en el 2017. Las reclamaciones de los sindicatos de la función pública (CIG, CC. OO., UGT y CSIF) para que la Xunta avance un paso más en los compromisos que asumió en la Lei de Emprego Público cayeron ayer en saco roto en la reunión de Mesa Xeral. Facenda rechazó negociar. Insistió en remitirse a la norma, que establece la reposición «con carácter consolidable» del complemento específico o retribución equivalente de las dos extras en un período máximo de tres años, plazo que expira en el 2018. Pero no fija ningún compromiso para devolver a los empleados la parte del sueldo que la Xunta les seguirá retirando hasta entonces.

Fuentes de Facenda subrayaron al término de la reunión que «lo que se ha indicado a las organizaciones sindicales es que, si se mantuviese la recuperación en los siguientes ejercicios, a consecuencia de la mejora económica, podría valorarse, previa negociación, completar la reanudación del abono completo del complemento específico sin agotar el plazo de tres años». Es decir, que, siempre a expensas de la evolución de la economía, Facenda estudiaría adelantar la reposición de las extras al 2017.

La Xunta descarta, por tanto, seguir el criterio marcado por el Estado respecto a la paga adicional de diciembre del 2012, suprimida por el Gobierno de Rajoy y que tanto la Administración central como la autonómica empezaron a reintegrar en enero pasado. Estas diferencias en las restricciones aplicadas por las dos administraciones a su personal han creado dos velocidades en sus retribuciones. Y los que pierden son los 94.000 empleados de la Xunta y las universidades. Mientras los 56.000 que trabajan en Galicia para las administraciones locales y para el Estado cobran sus pagas extras íntegras, los que dependen de la Xunta arrastran desde el 2013 un tijeretazo del 40 % en las suyas.

Los sindicatos dicen que la recuperación de los recortes coincide con la agenda electoral

Los sindicatos advirtieron ayer que la Xunta está sincronizando con los períodos electorales sus decisiones para reintegrar al funcionariado parte de las condiciones laborales y retributivas que le recortó. El Ejecutivo ya optó por dividir en dos partes la devolución del 25 % de la extra del 2012. Abonó un 12,5 % en la nómina de enero pasado y dejó el pago del 12,5 % restante para la de mayo, coincidiendo con las elecciones municipales. Ahora, las centrales señalan que la Xunta aproximará el reintegro de otro 26,23 % a las generales, ya que en principio lo ingresará en noviembre.

Al margen de esta devolución, que supondrá una media de 400 euros por empleado, Facenda no se compromete a adelantar el 48,77 % restante. Tanto este asunto como la recuperación de días de vacaciones y libre disposición se analizarán en otra negociación con los sindicatos. CSIF cree que la Xunta aplazará nuevos gestos «hasta el tiempo de descuento de las elecciones gallegas», en el 2016.

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