Acusados también el jefe de Participación Ciudadana y la cuñada de la edila
11 mar 2015 . Actualizado a las 09:05 h.El caso del supuesto enchufe en una concesionaria municipal viguesa de una cuñada de la diputada y teniente de alcalde, Carmela Silva, ha acabado por salpicar judicialmente a integrantes de la cúpula técnica del Ayuntamiento olívico. Luis García, interventor municipal; Juan Ramón González Carnero, anterior titular de la plaza y que continúa en el equipo de fiscalización del Concello, y el jefe de servicio de Desarrollo local y Empleo, Francisco Gutiérrez Orúe, han sido imputados por la titular del juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, que además de investigar el caso de la allegada de la socialista también instruye la operación Patos.
La documentación judicial a la que ha tenido acceso La Voz de Galicia señala que además de los tres cargos municipales también está imputada Vanesa Falque Barral, cuñada de la teniente de alcalde Carmela Silva, y supuesta beneficiaria del enchufe en la concesionaria que gestionaba los centros cívicos de barrio, enclaves de información municipal.
Testigos que ya han declarado en el juzgado aseguran que además de recibir un trato especial desde la misma alcaldía, la cuñada de la edil acudió a trabajar menos de tres meses pero cobró la nómina durante cinco años.
El delito por el que se imputa a los dos funcionarios de habilitación nacional y al municipal es el de prevaricación administrativa, cargo que de ser probado podría acarrearles la inhabilitación especial para ocupar cargos y empleos públicos. Los cuatro imputados han sido citados a declarar el día 26.
Recorrido del caso
El caso del supuesto enchufe de la cuñada de Silva nació con una denuncia hecha ante el mismo PSOE por el exalcalde Carlos Príncipe además de una veintena de otros casos de posible nepotismo en favor de allegados de cargos de su partido en el Ayuntamiento y en el puerto coincidiendo con los mandatos en ambas plazas de Abel Caballero.
La plataforma Xuntos llevó parte de esos casos a la Fiscalía, que los hizo suyos en enero al considerar que existen indicios de las denuncias formuladas.
El actual interventor, Luis García, fue concejal del PSOE en el Concello de Nigrán y resultó designado por Caballero en 2012 como responsable de la intervención municipal. Su puesto está ahora en el aire al advertir la Xunta que ya superó los dos años máximos que la ley establece como período temporal para los interventores que sin categoría superior [la requerida para localidades de más de 20.000 habitantes] ocupan el puesto mientras no se convoca un concurso al efecto.
García acaba de anular la semana pasada el plan de empleo municipal al advertir defectos de forma en la composición de los tribunales encargados de adjudicar 210 puestos de trabajo de seis meses de duración. El hecho de que la contratación de la cuñada de Silva fuese efectuada antes del nombramiento del actual interventor es interpretado en medios judiciales como la evidencia de que la investigación abierta no se limita exclusivamente al caso de Vanesa Falque, sino que abarcaría incluso a planes de empleo ya concluidos.
La jueza exige a Xuntos 3.000 euros de aval para ejercer la acusación particular
La jueza que instruye el caso del supuesto enchufe de la cuñada de Carmela Silva ha impuesto a la plataforma Xuntos la condición de depositar una fianza de 3.000 euros si desea ejercer la acusación particular en la instrucción que de momento ha deparado la imputación de cuatro personas. Con dicha fianza la magistrada trata de garantizar que queden cubiertas las posibles responsabilidades derivadas del pleito nacido de la querella que Xuntos se verá obligada a interponer para ejercer dicha acusación popular.
La imposición de dicha fianza fue contestada ayer por el partido Movimiento Red, que encabeza el exjuez Elpidio Silva y cuyo responsable en Vigo, Carlos González Armada, también lidera la plataforma Xuntos. «Entendemos [la fianza] como una clara obstrucción a la participación de los ciudadanos en la Justicia», señaló ayer Movimiento Red, tras resaltar que el importe solicitado supone la mitad de lo que en su día se fijó a otro grupo en el caso Campeón y que afectaba al entonces ministro José Blanco. «Por poco más Xuntos podría haberse querellado contra quien quisiese, motivo por el cual la fianza nos parece excesiva», añade el partido de Elpidio Silva.
Red defiende que Xuntos pueda ejercer la acusación particular con un coste menor dado que sus denuncias fueron las que dieron pie a que la Fiscalía las hiciera suyas y posteriormente la jueza abriera el caso, además de añadir que existe jurisprudencia que respalda que no se fijen fianzas a la acusación particular.