El tribunal pide al juez que analice si la rescisión de su contrato en una concesionaria municipal es nula, lo que forzaría al Concello a readmitirla
16 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El futuro laboral de María Pérez, presidenta de la Federación Vecinal de Vigo, entidad crítica con la gestión del alcalde Abel Caballero, ha dado un vuelco tras la decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de anular la sentencia de su despido dictada por un juzgado de lo Social. El alto tribunal ordena al juez vigués que dicte un nuevo fallo y de entrada le aumenta la indemnización de manera significativa. Sin embargo, el alcance de esta decisión es mucho mayor, ya que abre la vía a que su despido pueda ser considerado nulo, lo que implicaría su readmisión por el propio Concello. Esta había sido la petición de la despedida, pero no fue tenida en cuenta.
El despido de María Pérez se produjo en agosto del 2013 en medio de un enfrentamiento entre la Federación Vecinal y Caballero que se mantiene en la actualidad. La presidenta vecinal trabajaba en uno de los cuatro centros cívicos del Concello como empleada de la concesionaria que los gestionaba. Llegado el momento de convocar un nuevo concurso, el gobierno local no incluyó en el pliego de condiciones la subrogación de la plantilla por parte de la nueva empresa, una medida que es norma habitual en el Concello vigués. Sin ella, la nueva empresa la despidió nada más tomar posesión.
En el juicio quedó probado que, aunque contratada por una concesionaria, de manera efectiva dependía del Concello. De esta forma, era un técnico municipal el que le daba instrucciones para realizar su trabajo, le autorizaba las vacaciones e incluso le daba permiso para acudir al médico. Además, el local era propiedad municipal y el Concello se encargaba de su mantenimiento.
Aumento de la indemnización
Por ello, el TSXG ha decidido aumentar la indemnización por despido al considerar que debería haberse tenido en cuenta el sueldo de un administrativo del Concello y no el que percibía de la concesionaria, que es sensiblemente inferior. Además, el juez deberá decidir si la cesión ilegal de trabajadores que existía debe conllevar que el despido sea nulo y por tanto obligatoria la readmisión.
En el momento en el que María Pérez perdió su empleo, partidos y sindicatos la apoyaron en la calle pidiendo su readmisión. Consideraban que se debía a una represalia de Caballero por las críticas de la Federación Vecinal a su gestión, que ha conllevado un veto por el que ningún concejal socialista los recibe pese a las numerosas peticiones de reunión. Entre ellos figuraba incluso el BNG, que en aquel momento colaboraba con el PSOE en la gestión municipal, y también el Partido Popular.