La Xunta fija en 60 días la espera máxima para operarse de 48 males

La Administración sale al rescate de tres autovías deficitarias subiendo un 47 % el peaje en la sombra, con lo que pagará siete millones más en el 2015

la voz

En su última reunión del año, el Consello de la Xunta adoptó ayer dos decisiones de calado, una en materia sanitaria y otra en el campo del transporte y las infraestructuras. En virtud de la primera de ellas, a partir de abril, aproximadamente, quedará fijada por decreto una espera máxima de 60 días para someterse a una operación programada no urgente y de 45 para acceder a consultas externas de la misma clase, así como a pruebas diagnósticas y terapéuticas de idéntica categoría. La segunda medida supondrá que la Administración autonómica abone a las concesionarias de tres autovías deficitarias un peaje en la sombra un 47 % superior al actual o, dicho de otro modo, que salga al rescate de dichas compañías aportándoles un extra de siete millones a lo largo del 2015.

En su encuentro ordinario, con un cuatrimestre de retraso sobre el calendario inicialmente previsto, el Gobierno gallego dio luz verde al anteproyecto de decreto que completa el desarrollo de la Lei de Garantías de Prestacións Sanitarias, aprobada en diciembre del 2013. Regulados ya tres de los cuatro grandes derechos establecidos en dicha norma (la manifestación de últimas voluntades, la segunda opinión facultativa y la libre elección de médico de familia, pediatra, enfermero y hospital), quedaba pendiente el último: el de los tiempos máximos en lista de espera.

El borrador de las nuevas disposiciones, que ahora será sometido al preceptivo período de exposición pública, establece en 60 y 45 jornadas naturales, respectivamente, las demoras tope para operarse de enfermedades no urgentes y para acceder tanto a consultas externas como a pruebas diagnósticas y terapéuticas. De esas condiciones no se verán beneficiados el 100 % de los enfermos, sino aquellos que sufran las patologías detalladas en esta página a la derecha: 48 tipos de intervenciones quirúrgicas, 10 clases de consultas y 76 categorías de pruebas.

La lista, según la Consellería de Sanidade, ha sido elaborada «tendo en conta a gravidade dos males obxecto de atención, a efectividade e a oportunidade da atención sanitaria e os protocolos de priorización contrastados coas sociedades científicas». Con todo, en su redacción actual, el propio decreto deja abierta la puerta, en el artículo cuarto, a una futura ampliación de dicha relación de procesos amparados por el sistema.

En caso de que el Servizo Galego de Saúde no pueda cumplir con los plazos máximos de atención comprometidos, el paciente tendrá derecho, según la cláusula 13 del texto, a una de dos cosas: seguir en lista de espera del centro hospitalario que le corresponda o, en su defecto, requerir tratamiento en otro. En esta última circunstancia, el Sergas «deberá asumir directamente o pagamento dos gastos derivados da atención sanitaria ata o límite das tarifas establecidas co centro que preste a asistencia, no caso de non ser este un centro do Servizo Galego de Saúde».

La operación autovías

A la par que sentaba las bases para poner en marcha el llamado seguro de lista de espera, el Consello dio luz verde a una operación que llevaba meses madurando, el auxilio a las sociedades que construyeron y explotan en régimen de concesión hasta el 2035-2040, según el caso, tres autovías: la de Barbanza (AG-11), la de O Salnés (AG-41) y la que une la de As Rías Baixas con Celanova, en Ourense, la AG-31. Son Copasa, Puentes y Calzadas, Abanca, Itínere y Extraco.

Actualmente, en esas carreteras se están registrando tráficos, por término medio, un 41,4 % inferiores a los previstos en los contratos rubricados en su día por la Administración con las citadas empresas. Según los datos del último ejercicio auditado (2013), la AG-11 la usan a diario 12.496 vehículos, frente a los 20.841 esperados; la AG-41 la emplean 13.208, cuando se aguardaban 22.231; y la AG-31 la utilizan 3.753, que contrastan con los 7.199 augurados. Lo cual ha derivado en que las compañías incurran en pérdidas.

Para evitar la quiebra de estas, lo que obligaría a la Xunta a desembolsar en un pago único 189 millones de euros, el Gobierno ha decidido incrementar los peajes en la sombra que abona anualmente, una medida que quedaría sin efecto automáticamente, según una portavoz del Ejecutivo, si el volumen de automóviles aumentase en esas vías. Así, por término medio, los cánones subirán en el 2015 un 47 %, 40 puntos menos de los que pretendían las concesionarias. «Ellas planteaban un escenario de ganancias y nosotros hemos accedido a uno que simplemente les evita la entrada en concurso de acreedores», explica una fuente oficial.

Y eso se traducirá en que, de acuerdo con cálculos todavía provisionales, la Axencia Galega de Infraestruturas transferirá a las beneficiarias del acuerdo, conjuntamente, 6,96 millones extra: 20,86 en total. De modo que el peaje encubierto medio por vehículo, redondeando, pasará de 1,29 a 1,94 euros.

En la rueda de prensa posterior al Consello, Alberto Núñez Feijoo se centró en defender las bondades de la iniciativa, básicamente dos: evitar al erario un daño patrimonial inasumible y, adaptando «á realidade» los contratos concesionales suscritos en origen, liberar para gasto útil 115 millones en 25 años.

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