Gerardo Crespo amenaza con no devolver las ayudas que le reclama la Xunta

a. m. redacción / la voz

GALICIA

El principal imputado por la Operación Zeta está sorprendido por la discusión «infantil» que se vive estos días en el Parlamento

16 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.

Gerardo Crespo, el principal imputado en la operación Zeta, confiesa estar sorprendido por la discusión «infantil» que estos últimos días protagonizan en el Parlamento gallego las distintas fuerzas, enfrascadas en averiguar qué gobierno le dio más subvenciones y cursos de formación a las empresas implicadas en la investigación. Sin querer entrar en ese debate «tan pueril», Crespo quiere aclarar que el Gobierno que más ayudas le concedió fue el de Feijoo. «Es cierto que este ejecutivo me dio una cantidad inferior, pero es más cierto que las partidas presupuestarias para la formación fueron menores en estos últimos años, así que porcentualmente, son los que más ayudas y programas me concedieron», dice. Añade que si fuera verdad lo que algunos dicen, que todos los gobiernos de la Xunta le dieron a dedo cursos y subvenciones por hacer nada, él no sería Crespo, «sino el mago Merlín». Y lamenta que los políticos, «para salvar su cuello», pongan en entredicho «el excelente trabajo de todos los inspectores de la Xunta y funcionarios que durante años me concedieron ayudas sin detectar irregularidad alguna».

Los actuales responsables de la Xunta, afirma, «se cargaron no solo mi empresa, sino el prestigio de todos los funcionarios y responsables de los gobiernos gallegos de los últimos 20 años por poner en duda todas las ayudas concedidas. Solo les importan sus intereses personales».

Respecto al expediente que le abrió la Xunta al detectar irregularidades en una de las ayudas que le concedieron el año pasado para un programa de empleo de la Asociación de Empleados Discapacitados, de la que Crespo es presidente, y que le obligan a devolver 11.920 euros, el imputado avisa: «Ni lo voy a devolver, ni voy a recurrir».

Creador de empleo

Crespo se quita toda culpa y responsabiliza a la Consellería de Traballo de «haberse cargado una empresa como la suya de 150 empleados y que todos los meses abonaba en sueldos 180.000 euros». Crespo dice ser un defensor de la «doctrina Orozco», esa que sostiene que un imputado no es un condenado y se debe defender su inocencia hasta que se demuestre lo contrario.