Poder Judicial y Fiscalía critican la dilación en macroprocesos como el de la Pokémon

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

El vocal del Consejo para Galicia advierte de que los retrasos afectan a los derechos fundamentales de los implicados mientras que el fiscal superior asegura que hay que evitar «os megaprocesos ingobernables»

04 oct 2014 . Actualizado a las 10:57 h.

Es necesario reflexionar sobre los problemas que plantea la instrucción de las causas penales, «entre ellos, de forma destacada, el de la dilación temporal, que afecta tanto a los derechos fundamentales de quienes están implicados en las causas penales como a la percepción social de la Justicia». Así de claro habló ayer el vocal del Consejo General del Poder Judicial para asuntos de Galicia, Juan Manuel Fernández Martínez, en el acto de apertura del Año Judicial celebrado en la sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Y lo dijo justo después de recordar que el Poder Judicial ha aprobado diversos planes de refuerzo en juzgados de Galicia, «entre ellos los que afectan a los casos más importantes de corrupción para que los jueces y juezas que los llevan puedan centrar sus esfuerzos en ellos». No la citó, pero todos entendieron que se refería a la instrucción del caso Pokémon, iniciada en el año 2011 y que cuenta ya con más de cien políticos y funcionarios gallegos imputados. El vocal del Poder Judicial recordó, de todas formas, que es necesario «un nuevo marco procesal y dotar a nuestros tribunales de cuantos medios sean precisos».

Pero no fue el vocal del Poder Judicial el único que se refirió ayer a las instrucciones demasiado largas. El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, señaló que «urxe retomar o prestixio da Xustiza para reconquistar a confianza da cidadanía». Identificó tres problemas, pero se centró en la excesiva duración de los procesos para «combatir a criminalidade económico financieira e os delitos de corrupción». Dijo que en esos casos la investigación debe ser «eficaz e eficiente» y reunir «no máis curto espazo de tempo toda a proba da existencia dun delito e de quen son os seus autores».

El fiscal superior recomendó el uso de criterios de priorización, pues en caso contrario la consecuencia será una investigación «dilatada no tempo, un macroproceso ingobernable, e un dispendio de esforzos e de recursos para finalmente obter resultados insatisfactorios». Añadió que la lucha contra los delitos económicos y de corrupción puede ser un fracaso si no se apela al principio de oportunidad para responder a los delitos complejos con los medios existentes «e evitar os megaprocesos, procedementos xigantescos e ingobernables, que caricaturizan o proceso penal polo tempo que demoran e pola ineficacia que encerran».

En el mismo acto, el presidente del Tribunal Superior, Miguel Ángel Cadenas, mostró su confianza en que este año sea el del despegue tecnológico en el ámbito de la Justicia en Galicia y que el primer paso para el desarrollo del expediente judicial electrónico se dará a mediados de este mes, con experiencias piloto en los partidos judiciales de A Coruña y Pontevedra. Al acto asistieron el delegado del Gobierno, Samuel Juárez; el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de A Coruña, Carlos Negreira, y otras autoridades y representantes de la judicatura.

Críticas desde Lugo

También el portavoz socialista del gobierno de la Diputación de Lugo, Manuel Martínez, lamentó ayer que tuviesen que pasar cinco años «para demostrar la inocencia» de la vicepresidenta provincial, Lara Méndez. El Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo decretó el sobreseimiento, a falta de que se pronuncie el fiscal, de la causa contra Méndez por hechos del 2009 y por los que llegó a estar detenida. Se le imputaban presuntas irregularidades en la adjudicación de unas obras en Castro. «Siempre confiamos en su inocencia, pero han tenido que pasar cinco años para demostrarla», dijo el portavoz de la Diputación, que pidió a la Justicia agilidad y recordó que hay «un número importante de casos con políticos lucenses, que deberían tener esa agilidad, como garantía de que no les ocurra lo mismo que a Méndez».

Mientras, el Gobierno gallego salió ayer en defensa de la reforma de los registros civiles que fue impulsada por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.