La media española de 11 magistrados por cada 100.000 habitantes queda muy lejos de los 19 de la europea
09 sep 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La adscripción de doce nuevos jueces a Galicia ha sido valorada muy positivamente en medios judiciales, porque ayudará a resolver, en la medida de lo posible, los retrasos que se producen en la tarea de administrar justicia. Con estas incorporaciones, la plantilla de jueces y magistrados alcanzará el número de 347, tras haber aumentado solamente en cuatro, hasta 335, durante el año 2013. Ese año comenzó con el mismo número de jueces con el que se contaba a principios del 2011: 331.
La cifra de unidades judiciales añadida parece pequeña teniendo en cuenta el número de asuntos que ingresan en los juzgados. Durante el año 2013, según la memoria del Tribunal Superior de Xustiza presentada en julio pasado, los tribunales gallegos recibieron 464.109 casos, con lo que resulta una media de 1.835 asuntos por juez o jueza (el genérico masculino al referirnos a los titulares de juzgados ha de emplearse con reparos, porque en Galicia ya son más las mujeres que los varones en el ejercicio de esa responsabilidad). O, lo que es lo mismo, siete causas por jueza o juez cada día laborable de la semana.
Lejos de Europa
A pesar de la impresión dominante, de que los tribunales están paralizados, las juezas y jueces resolvieron el año pasado 465.624 asuntos, más de los que ingresaron, y dejaron pendientes poco más de 162.500. Al cierre del ejercicio 2012, los asuntos pendientes habían sido 170.300.
Esta aparente eficacia en la resolución de procedimientos parece quitar fuerza a las reclamaciones que se hacen desde la magistratura gallega para que se refuercen los medios humanos y materiales, pero razones no le faltan para sus peticiones.
El sobreesfuerzo de las plantillas es evidente. La proporción de jueces para el conjunto de España es equivalente a unos 11 por cada 100.000 habitantes, frente a una media europea de 19 por cada 100.000. En su informe Indicadores de la Justicia en la UE para 2014, la Comisión Europea sitúa a España entre esos «algunos Estados» a los que se refiere cuando dice que «algunos Estados miembros siguen teniendo ciertas dificultades por lo que respecta a la eficacia de sus sistemas de Justicia. Los largos procedimientos en primera instancia, junto con bajas tasas de resolución o un gran número de asuntos pendientes, apuntan a la necesidad de introducir nuevas mejoras». Así, España figura con un plazo medio de casi 300 días para la resolución en primera instancia de procedimientos civiles y mercantiles, muy alejada de los 50 a 180 días de los países más eficaces.
Otra deficiencia señalada desde Europa atañe a la capacidad de resolución de casos. España aparece en situación límite: puede atender tantos procedimientos como entran, pero sin margen para el fallo o se acumularán los expedientes.
Nuestro país figura a la cola de los 28 en lo que respecta a la formación continua de jueces españoles en legislación europea: son poco más del 10 % los que actualizan estos conocimientos, frente a un 58 % de los italianos o a un 90 % de los holandeses.
En las carencias judiciales la economía también tiene mucho que ver. El informe de la Comisión Europea adjudica a España un gasto público en el sistema judicial de menos de treinta euros por habitante y año. En Alemania, esa asignación pasa de cien euros. En Francia son sesenta euros. Y en Portugal, 43 euros. Solo seis países de los 28 dedican a su Justicia menos presupuesto per cápita que España.