Un ferrolano, en silla de ruedas por la amputación de sus piernas, libra una batalla desde hace dos años para poder realizar obras de accesibilidad
16 ago 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Define su propia casa como una cárcel sin rejas. Se trata de Carlos Gómez, un ferrolano de 71 años que no puede salir solo de su vivienda desde que le amputaron las piernas a causa de una diabetes. Desde entonces se mueve en silla de ruedas, lo que le imposibilita pisar la acera si no es en compañía de alguien. El piso en el que reside, que es de protección oficial y se ubica en el barrio de Caranza, está en régimen de propiedad a nombre de su suegra fallecida. Un escollo que le impide ejecutar obras de accesibilidad, puesto que para cambiar la titularidad a nombre de su esposa necesita la firma de todos los herederos y uno de ellos se desentiende de la situación.
En cualquier caso, la realidad es que el inmueble carece de acceso directo al ascensor. Una instalación que solo puede alcanzar si baja unas cuantas escaleras en su silla de ruedas. Harto de superar tantos obstáculos, hace dos años envió una carta certificada al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). «Deben de tener mucho trabajo, que ni caso», sentenciaba el mes pasado. Por eso se decidió a mandar una nueva misiva, y por fin ha obtenido respuesta. «Me escribieron diciendo que esto se construyó así en su día y que ahora no se puede hacer nada», explica Gómez.
Escaleras y rejas
Cada vez que este hombre pretende salir a la calle, se encuentra con un ascensor que no llega a la puerta de su vivienda y que está precedido por una tanda de escaleras que dan a un elevador cerrado por una reja. Casi nada. Es obvio que con su silla de ruedas no puede superar semejante carrera de obstáculos. Le ayudan su esposa y un amigo, que padecen como él la afanada tarea de cruzar el portal de su casa.
«No puedo salir a la calle en pleno siglo XXI. Esto es una vergüenza», esgrime el perjudicado, que añade que también ha sufrido recortes en la prestación que percibe de la Ley de Dependencia por su minusvalía de grado 2. «Me han descontado 50 euros. Dicen que la Seguridad Social no tiene dinero», explica Gómez, que no es capaz de entender cómo las administraciones le ponen barreras en lugar de quitárselas. «Siempre dependo de alguien que me baje por las escaleras», dice desesperado.
Pero su calvario no termina con la salida al exterior. Lo sufre también en su propio piso, ya que tampoco puede entrar en el cuarto de baño. «No entra la silla de ruedas por la puerta», señala. Como ya hace dos años que emprendió esta batalla, ha optado por hacer pública su falta de libertad. Tan solo pretende que se conozca su situación, que es la misma, mantiene, que la que atraviesan otros vecinos que residen en esos bloques de viviendas.
Un debate que trasciende
«Esta es la maravilla que ha hecho el Instituto Galego de Vivenda e Solo en Caranza», indica el afectado refiriéndose a la falta de accesibilidad del inmueble. Y es que el ferrolano entiende que este es un debate que trasciende a la titularidad de su piso en cuestión. «No sé en quién pensaron para construir estas casas», señala con indignación al tiempo que añade que «alguien tiene que solucionarlo y hacerse cargo, porque así no se puede vivir».
Por ese mismo motivo, y sabiendo que la Xunta no va a cubrir el coste de la obra, Gómez se ha decidido a realizarla por iniciativa propia. Y como para ello necesita que el piso esté a su nombre, ha vuelto a escribir al IGVS. «Han respondido rápido la última vez. Espero que ahora vuelvan a hacerlo para poder arreglar las escrituras», apunta. Cuando logre cambiar la titularidad de la vivienda, dice que habilitará una rampa a la que accederá desde su comedor y que va a dar a un paso comunal con salida a la calle. «Costará 2.000 o 3.000 euros, pero al menos podré salir de casa», esgrime.