La pena inicial de más 40 años para los 23 imputados se quedó en 9
30 may 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La presunta trama tejida en Lugo para conseguir no pagar multas de tráfico fue desinflada de forma espectacular por el fiscal después de acabadas las declaraciones de imputados y testigos, lo que sucedió ayer en la Audiencia Provincial. Los más de 40 años que sumaban las penas solicitadas para 23 imputados quedaron reducidos a 9. Con las sanciones económicas y las inhabilitaciones sucede algo similar. La macro operación, que supuso años de investigaciones (se inició en 2008), quedó reducida a la mínima: empezó con más de 70 imputados y la fiscalía los redujo a poco más de una veintena. Algunos abogados mostraron ayer su extrañeza porque unas personas que reclamaron la retirada de multas fueran citadas como testigos y otras como acusadas.
Ahora, la decisión queda en manos del tribunal de la Audiencia y, por lo visto en la última sesión, no sería de extrañar que se produjesen algunas absoluciones. Quien ya logró salvarse fue el alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo. El fiscal le retiró la acusación porque «no se han confirmado los indicios sobre su presunta autoría de un delito de tráfico de influencias».
Al final, una de las personas que se lleva la peor parte del caso es una funcionaria de Tráfico. Se trata de la jefa del negociado de sanciones que se enfrenta a tres años de cárcel y a dos de inhabilitación. Solo esa pena es comparable a la reclamada para quien fue jefe de la DGT en Lugo, Julio González Díaz, que también afronta la misma solicitud en cuanto a cárcel y aunque el fiscal pide para él más inhabilitación esta le supondría, de confirmarse, no trabajar en Tráfico. Ahora ya no lo hace porque es funcionario en la Seguridad Social. A la funcionaria de Tráfico si la inhabilitan posiblemente no pueda ir a otra administración.
De la funcionaria, el fiscal, en sus conclusiones, reconoció que se vio envuelta en una telaraña «cuyos hilos ella no manejaba». Reconoció incluso que hacía lo que le mandaban, pero la considera como cooperadora necesaria porque, dijo, archivó expedientes sancionadores que eran firmes.
Los mejor parados tras la celebración del juicio fueron los políticos. El exsubdelegado del Gobierno, que declaró que él recibió a muchos ciudadanos durante su mandato, pero no quitó multas, evita definitivamente la cárcel porque de los siete años a los que se enfrentaba inicialmente se queda con una petición de un año y tres meses. En la lista de políticos imputados están José Rábade Arias, que fuera concejal de Tráfico en Lugo y que fue multado por hablar por el móvil; el alcalde de Muras, Issam Alnagm; el exalcalde de Meira, Antonio de Dios y el exdelegado nacionalista de Cultura, Juan José Molina. Todos se beneficiaron de la rebaja. Incluso el exdiputado autonómico por el PSOE, Miguel Ángel Fernández, se quedó sin petición de multa. Antes, el fiscal le reclamaba 1.000 euros.
El fiscal recordó que la trama invalidó más de 20 expedientes y explicó que acusó a los que, por amistad, «tenían capacidad de prevalimiento sobre el funcionario». Añadió: «Prevalimiento es la palabra clave. Y sea por cuestión del cargo o por la relación personal». También dijo que se produjo un perjuicio público.