El partido equipara la situación del líder del PSdeG con la de su portavoz y exige el mismo respeto por la presunción de inocencia en ambos casos
23 may 2014 . Actualizado a las 12:07 h.El Partido Popular se afanó ayer en equiparar la situación judicial de su portavoz, Paula Prado, con la del secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ambos investigados por la jueza Pilar de Lara, que decidió abrir sendas piezas separadas para verificar si el comportamiento de los dos cargos públicos pudo derivar en la comisión de algún delito asociado a la corrupción. Técnicamente, los populares no se salen del carril, y el respeto a la «presunción de inocencia» que piden para Prado lo invocan también para Besteiro, pero con la diferencia de que ahora se lo exigen al PSdeG, una vez que la Justicia puso sus ojos en el máximo responsable de este partido.
«El PP pide ante la situación judicial de Besteiro el mismo respeto por la presunción de inocencia que en otros casos», señalan ayer fuentes de la dirección del PPdeG, que antes de ir más allá quieren ver si el Partido Socialista «mantiene lo que ha dicho de otros partidos», y particularmente lo que dijo sobre la portavoz del PP, o si en cambio va a a rebajar la «dureza» en su tono.
En esta línea se expresó también ayer el presidente provincial del PP de Lugo, José Manuel Barreiro, portavoz de su partido en el Senado, que no se salió del guion que sigue en estos asuntos desde hace meses. «Hay que respetar la presunción de inocencia y dejar que trabaje la Justicia, que, por los motivos que sean, abrió esta investigación», dijo sobre el caso que toca a Besteiro. Y añadió: «Me gustaría que ese razonamiento, sobre la presunción de inocencia, siempre fuese el mismo y desde todos los ámbitos, y no siempre se ha escuchado desde el PSOE y en concreto del señor Besteiro», informa Enrique G. Souto.
Y el mismo discurso que se instaló en la dirección del PPdeG, que están decididos a utilizar el caso de Besteiro de escudo frente al de Paula Prado, parece compartirlo todo el partido. De hecho, sobre el líder de los socialistas gallegos también se pronunció ayer Elena Candia, portavoz del PP en la Diputación de Lugo, institución presidida por el propio Gómez Besteiro: «Só podo manifestar o meu máximo respecto polo traballo da Xustiza, e facer fincapé na absoluta prudencia coa que convén afrontar estas cuestións». E insistió en que su ánimo no es el de ser «oportunista», sino que esperaba, por el bien de la institución provincial, «que o señor Gómez Besteiro teña todas as cuestións dentro da normalidade. Doutro xeito, sairía prexudicada a institución», esgrimió.
Dos situaciones diferentes
Con todo, las similitudes entre la situación judicial de Gómez Besteiro y Paula Prado se circunscriben únicamente al nombre de la jueza que puso el foco sobre ellos y a que abrió piezas judiciales separadas de ambos, pues en realidad se les investiga por dos casos muy diferentes.
La pieza sobre Besteiro no tiene que ver con la operación Pokémon, sino con la operación Galeón, relacionada con una urbanización promovida en Lugo. La jueza investiga si el líder del PSdeG pagó las facturas por la reforma de una vivienda usada adquirida en el año 2005, cuando Besteiro era concejal de Urbanismo en el Concello de Lugo.
Fue el testimonio de un policía local, que declaró ante la jueza haber oído que Besteiro no pagó la reforma a la empresa Construcción Pedrouzo, la encargada de ejecutar los trabajos, lo que motivó la apertura de la pieza separada. Al tener conocimiento de la investigación, el propio Besteiro se apresuró a colaborar con la Justicia, aportándole el pasado mes de diciembre la documentación sobre su patrimonio y las facturas de la reforma.
En cuanto a la investigación de Paula Prado, esta sí se enmarca en el operación Pokémon, y sobre ella la jueza intenta verificar si contribuyó de alguna manera al inflado de una factura del Concello de Santiago y al tráfico de influencias, como sospecha Vigilancia Aduanera en base de los pinchazos telefónicos. Sobre este asunto, la instructora pidió aval a la Fiscalía para remitir el caso al Tribunal Superior de Xustiza debido a la condición de aforada de Prado.