Al igual que la Fiscalía recurrió ayer el auto de imputaciones, el ADIF utilizó la misma vía legal para tratar de que sus 11 exaltos cargos eludan un juicio por el accidente. La abogacía del Estado argumenta en el recurso que «el incumplimiento por parte del conductor de sus deberes de diligencia» no pueden derivar responsabilidades a terceros, ni la posibilidad de mejora de las medidas de seguridad de la vía pueden dar lugar a atribuir acciones sospechosas de criminalidad.
El ADIF rechaza la apreciación de que toda vía de alta velocidad tenga que contar con ERTMS, y tras apuntar que tramos de siete líneas españolas no tienen o no han tenido dicho sistema de supervisión continua, argumenta que no fue ilegal no extender esa aplicación técnica hasta después de Angrois. El cambio de proyecto de ancho de la vía llevó, según el ADIF, a no poder extender por «reglas de ingeniería» el ERTMS hasta la estación de Santiago, modificación visada, dice el recurso, por la dirección general de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, y delegada previamente por el consejo de administración imputado a su jefe de seguridad, también acusado, Andrés Cortabitarte. «El consejo no aprobó ninguno de los modificados», subraya el recurso.