El mapa judicial gallego se desintegra

Serafín Lorenzo SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

<span lang= es-es >Protestas en todos los ámbitos</span>. La supresión de los partidos judiciales no gusta a casi nadie; en Betanzos, los taxistas han decidido mostrar su rechazo colocando pancartas en sus vehículos.
Protestas en todos los ámbitos. La supresión de los partidos judiciales no gusta a casi nadie; en Betanzos, los taxistas han decidido mostrar su rechazo colocando pancartas en sus vehículos. césar delgado< / span>

La provincialización vaciará juzgados de contenido y penalizará a ciudadanos y poblaciones

08 may 2014 . Actualizado a las 10:46 h.

O Barco de Valdeorras tiene 14.000 vecinos y es cabecera de una comarca que supera los 27.000. Con la «completa provincialización de la Justicia» que pretende el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial cualquiera de ellos que tenga que acudir a un juicio deberá realizar un trayecto de 220 kilómetros para ir a Ourense y regresar a su domicilio. Si la vista se prolonga durante varios días, esos gastos se multiplicarán. Es un ejemplo de cómo la reforma del ministro Gallardón trastocará la relación de los ciudadanos con una Justicia que estará más lejos y que resultará más cara. Estas son algunas de claves de un vuelco que ha levantado ampollas en todos los estamentos.

¿Cómo afectará esta reforma a la distribución de juzgados en Galicia?

Implicará una revolución en el mapa actual, de acuerdo a ese criterio de centralización de los órganos judiciales en las capitales de provincia. Galicia verá reducidos a 4 los 45 partidos judiciales actuales. Así lo admitió Gallardón el martes en el Senado. Aunque trató de enfriar el fuerte rechazo con que ha sido recibida la reforma, al asegurar que «no se va a cerrar un solo juzgado en España», constató que el plan es integrar los que están fuera de la capital de provincia en los tribunales provinciales de instancia. A partir de ahí, creará sedes delegadas donde lo estime oportuno.

¿Cuál será el criterio para la creación de esas sedes delegadas?

No está nada claro. El ministro de Justicia sostiene que será el tribunal provincial de instancia el que decida «qué número de jueces están en cada momento en cada población». Seguro que por el volumen de casos que atienden Vigo, Santiago y Ferrol tendrán sedes delegadas, aunque los profesionales sostienen que siempre sufrirán una merma significativa respecto a los órganos que tienen ahora. Pero el impacto será todavía mayor en el grueso de las cabeceras de comarca, que se quedarán sin nada. Esto obligará a los ciudadanos a desplazarse a la capital provincial. Todos estos cambios exigirán, además, un importante esfuerzo económico a la Xunta, que en los últimos años creó una completa infraestructura judicial que ahora quedará vaciada de contenido.

¿Qué órganos judiciales desaparecerán?

Los más relevantes son las audiencias provinciales. Sus competencias las asumirá el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG). Pero la reforma también se llevará por delante la figura de los jueces decanos, que desempeñan una importante función de coordinación con los abogados. El decano del Colegio de Abogados de Santiago, Evaristo Nogueira, sostiene que son incómodos para el poder, porque son críticos. También desaparecerán los juzgados de paz. Aunque su repercusión es menor, porque sus competencias son limitadas, se trata de la figura judicial más próxima al ciudadano en las aldeas.

¿Qué consecuencias tendrán estos cambios para el ciudadano?

La más importante es la mayor dificultad en el acceso a una Justicia que le quedará más lejos. Esa penalización perjudicará especialmente a los que no vivan en las principales ciudades, que tendrán que desplazarse a las capitales de provincia para los juicios. De este modo, además de las tasas judiciales, pagarán una segunda tasa encubierta por los gastos que generará el acceso a la Justicia. Además tendrá impacto económico añadido en las ciudades y villas, por el posible traslado de funcionarios.

¿Contribuirá la reforma a agilizar la Justicia?

Para nada, y menos si la ley no va acompañada de una dotación económica. Los profesionales del sector defienden que la especialización que invoca el ministerio siempre es positiva, pero advierten que no tiene nada que ver con desatascar un sistema colapsado que, además, verá reducida su infraestructura.