Los fiscalizadores de las cuentas locales niegan tener más poder, pero sí más control
21 abr 2014 . Actualizado a las 07:00 h.«Yo podría gastarme ahora legalmente tres millones de euros en traer a Bruce Springsteen, pero en cambio el interventor me impide dedicar 100 euros a un curso de empleo de carretilleros porque no es una competencia municipal». De esa manera tan diáfana el alcalde de As Pontes, Valentín Formoso, define el poder que a juicio de gran parte del estamento municipal atribuye a los interventores la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
«O que manda agora no meu Concello é o interventor, non sei para que se van a facer as eleccións», indica otro regidor con problemas con el fiscalizador de las cuentas del Ayuntamiento. «El interventor advierte de qué gasto es legal o cuál no lo sería, pero no decidimos qué se hace o no en un concello. Nos toca vigilar, sí, pero no somos los que mandamos», responde Jesús Blanco, interventor del Concello de Verín y presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Ourense. «Las competencias de los ayuntamientos ahora están definidas, las demás (servicios sociales, planes de empleo, atención a centros escolares o centros de salud...) dependen ahora al cien por cien de la Xunta», dice con la ley en la mano.
Los interventores ahora son los encargados de recordar a los alcaldes que, según la ley del ministro Montoro, no pueden gastar ni un euro en atención domiciliaria, por ejemplo, o que sí lo pueden hacer si no están afrontando un plan de ajuste por déficit económico del ayuntamiento; si al dar dicho servicio no duplica una actividad que preste otra Administración, o si al afrontar ese gasto no pone en peligro las cuentas del Concello.
Si no incumple ninguna de esas premisas, el interventor tendrá que advertir al alcalde que solicite a la Xunta el permiso para prestar una competencia propia de la Administración autonómica, y luego obtenerlo.
«Hacemos los informes sobre esas competencias, hacemos el control de la gestión económica y en los concellos pequeños hasta elaboramos los presupuestos», añade Blanco, que admite que el Gobierno sí ha reforzado su papel y sobre todo se ha decidido a cubrir infinidad de puestos vacantes en la intervención local para controlar más el gasto.
Eso sí, los informes de los interventores podrán ser prueba de cargo para tumbar judicialmente a un alcalde si este desoye esas advertencias formales.
«El interventor advierte de qué gasto es legal, pero no decide qué se hace»