Los alcaldes del PP son los más comedidos a la hora de criticar una ley que redefine por completo las posibilidades de los ayuntamientos, y eso que el propio presidente de la Xunta no ha mostrado su satisfacción con la normativa del ministro Cristóbal Montoro.
En esa línea de prudencia se expresa el alcalde popular de Cervo y vicepresidente ejecutivo de la Federación Galega de Municipios e Provincias, Alfonso Villares, quien aunque reconoce como muy notables los cambios introducidos con la Ley de Racionalización, prefiere esperar a ver cómo la corrige la anunciada normativa autonómica que promueve Feijoo. «Os interventores van xogar aínda un papel máis fundamental sobre o control do gasto e do diñeiro público, pero a lei xenera controversias sobre competencias que estamos a prestar nos concellos e sobre as que agora non está tan claro que poidamos seguir facéndoo», indica Villares.
A su entender, será fundamental la clarificación que sobre el contenido del texto estatal proponga el Gobierno gallego. «Mentres, é precipitado facer valoracións, pero sí é certo que hai expectativa de ver como queda».