Ven en la decisión de extender el reglamento a los 87.232 empleados un intento del Ejecutivo de desviar la atención de los ciudadanos sobre los casos de corrupción
09 abr 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Los sindicatos de la función pública no solo mantienen su oposición frontal al código ético que el Consello de la Xunta aprobó la semana pasada, sino que están decididos a hacer patente su malestar con una decisión de extender el reglamento a los 87.232 empleados en la que ven un intento del Ejecutivo de desviar la atención de los ciudadanos sobre los casos de corrupción en los que están imputados decenas de cargos políticos.
Para escenificar esa reprobación, las tres centrales mayoritarias (CIG, CC. OO. y UGT) no acudirán hoy a la reunión de la Mesa Xeral da Función Pública convocada por el Gobierno gallego para informar a los sindicatos del código. Esa cita se celebrará igualmente, aunque solo asistirá el sindicato CSIF, que en todo caso también mantiene un discurso crítico con el reglamento que la Xunta remitió el viernes a las cuatro centrales. En lugar de asistir a esa convocatoria con el director xeral de Función Pública, CIG, CC. OO. y UGT expondrán en una rueda de prensa conjunta su posición sobre el código ético y analizarán sus implicaciones para el personal al servicio de la Administración autonómica. Su tesis es conocida. Sostienen que la Xunta pretende diluir entre todos los empleados públicos la corrupción política que afecta a cargos políticos. En este punto, las centrales señalan a los casos que tocan directamente al PP. Pero más allá de involucrar a todo el personal en el reglamento, los sindicatos también están molestos con las formas, porque lo que la Xunta llevará a la reunión de hoy es un documento al que ya ha dado luz verde, y en el que entienden que no hay margen para negociar nada. Desde el único sindicato que acudirá a la cita, CSIF, advierten que apoyan que se regule la transparencia del empleado público, pero que no se puede mezclar al personal raso con altos cargos. Emplazan a la Xunta a aclarar cuántos funcionarios tienen incoados expedientes por incumplir el código que recoge el Estatuto Básico del Empleado Público.