Busca un blindaje que evite nuevas subidas tras el «tasazo» del 34 %
03 abr 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El temor a que la reforma energética del Gobierno central vuelva a poner Sogama al borde de la quiebra, y que la Xunta tenga que recurrir de nuevo a los concellos para salvar el sistema, ha llevado al Ejecutivo de Feijoo a mover ficha. Consciente de que una nueva subida del canon no sería asumible después del tasazo del 34 % aplicado este año, el Gobierno autónomo ha solicitado una comisión bilateral con el Ministerio de Industria en la que, además de defender las competencias de la comunidad y su tejido empresarial ante el nuevo marco eléctrico, informará de su impacto sobre la estabilidad de Sogama y pedirá una excepción para el complejo que trata los residuos de 296 de los 314 ayuntamientos.
Aunque todavía está sin completar, la reforma energética del Gobierno ya ha obligado a la Xunta a subir un 34 % el canon que pagan los concellos para compensar unas pérdidas de la sociedad ambiental que calcula en 14 millones de euros al año. Ese desequilibrio procede, principalmente, de la supresión de las primas que cobraba la empresa por producir electricidad a partir de fuentes consideradas renovables (incinerar la basura), pero también de las subidas del 7 % en el gas que utiliza en la planta de cogeneración y, en el mismo porcentaje, del impuesto que paga por venta de energía.
El argumento principal que la Consellería de Industria trasladará al ministerio en este asunto es que, pese a que se benefició de esas primas, Sogama no es una empresa al uso (Gas Natural Fenosa controla el 49 % del accionariado), sino que tiene por objeto tratar residuos y prestar un servicio a los ciudadanos.
La Xunta defenderá incluso que el complejo de Cerceda emplea una tecnología respetuosa con el medio ambiente que no aplican el resto de la decena de plantas de valorización energética de España. Esa tecnología «de lecho fluido circulante» implica un tratamiento de los desechos antes de su combustión, y reduce el porcentaje de escorias enviadas a vertedero.
El propósito es que la reforma energética no abra más agujeros en unas cuentas de Sogama sobre las que también planea un conflicto de competencias planteado por el Estado, que podría obligar a devolver 11 millones en primas si se resuelve que su cobro fue indebido. Cualquier desajuste obligaría a tocar de nuevo el canon. Esta incertidumbre es la que impide a la Xunta atender la propuesta de los 97 alcaldes críticos con el tasazo, de aceptar la subida del 34 % este año si Medio Ambiente rebaja a la mitad la tarifa del próximo.
El Ejecutivo no puede pactar el recorte de una tasa cuando ni siquiera tiene la certeza de poder evitar que siga subiendo en el futuro. Los alcaldes críticos insisten en que no pagarán.