El apoyo de la Xunta sí creció, de 120 euros en el 2001 a los 360 actuales
10 mar 2014 . Actualizado a las 14:13 h.Dice el artículo 39.1 de la Constitución española que «todas las Administraciones públicas deben procurar a las familias las ayudas económicas o los servicios que necesiten para atender sus necesidades básicas». Pues bien, el Estado español destina un 0,1 % del PIB a ayudas directas a la natalidad. Esa aportación directa, que es de 24,25 euros al mes por menor a cargo solo la reciben las rentas familiares inferiores a 11.264 euros anuales. Es decir, una de cada nueve familias. Pero es que, además, tan exigua cantidad, la más pobre de Europa, es exactamente la que existía ya en el año 2000. Su valor real se ha derrumbado y en el 2013 había caído ya hasta 16,65 euros, perdiendo más de una cuarta parte.
El Estado concede también -solo a las madres que cotizan a la Seguridad Social- cien euros al mes durante tres años. Esta cifra permanece congelada desde el 2003. Su valor real en el 2013 era de 76,1 euros. También ha caído una cuarta parte.
A la vista de tan escaso cumplimiento del precepto constitucional, es fácil entender por qué la edad media a la que las mujeres son madres en España, 31,56 años, es una de las más tardías de Europa. Y habrá que preguntarse además por qué la media de Galicia, 32,15, es de las peores de España según los datos del INE.
Pese a las pésimas cifras, la Xunta encabeza el ránking estatal de aportaciones a las familias por natalidad, que las gallegas pueden sumar a las de la Administración central.
La Consellería de Traballo e Benestar ofrece (vía IRPF o prestación) 360 euros al año por nacimiento o adopción de hijo, una ayuda que es universal (a diferencia de lo que sucede con la del Estado) y que ha subido este año 60 euros. Como en el 2001 la Xunta daba 120 euros, los 360 de hoy representan un incremento del 200 %. Es la mayor aportación de todas las comunidades autónomas, y además, Benestar anuncia que elevará la cuantía hasta 400 euros en el 2015 y hasta 450 en el 2016.
Dicho esto, tampoco es que la suma de las diferentes aportaciones contribuya a revertir el invierno demográfico gallego. La ayuda estatal de 24,25 euros al mes está muy limitada por el tope de 11.264 de renta familiar, y pocos acceden a ella. A los 100 euros mensuales, sí, pero en cuanto la madre pide una excedencia para cuidar a su hijo, los pierde, y si acude a trabajar tendrá que destinarlos probablemente a un servicio bastante más caro: contratar a alguien que le cuide al bebé.
Este aspecto muestra otra arista del problema: las infranqueables barreras para conciliar trabajo y familia que existen en España. El informe Igualdad entre mujeres y hombres, de la UE, especifica que «las políticas de reconciliación de la vida laboral y familiar son clave para responder al desafío demográfico». Pero parece complicado conseguirlo si una persona debe renunciar a criar a su hijo para beneficiarse de una ayuda de cien euros al mes.
La consecuencia de este escenario en Galicia, como explica Carlos Ferrás, profesor de Xeografía Humana en la Universidade de Santiago, es el de «unos 7 nacimientos por mil habitantes, frente a unas 13 defunciones. Es decir, cada vez mueren más personas que no son reemplazadas y con ello perdemos habitantes. Y además -prosigue el experto- no somos capaces de atraer inmigración en un contexto de insuficiente mercado de trabajo. Como extremos tendríamos los municipios fuertemente envejecidos de la montaña interior, frente a las islas suburbanas, jóvenes y dinámicas, de las periferia de las ciudades».