De Lara destapa la trama del agua

La adjudicación o las prórrogas del abastecimiento de al menos seis municipios están bajo sospecha. Pero el sumario incluye denuncias anónimas que implicarían a más concellos


Redacción / La Voz

Los servicios municipales bajo sospecha. Primero fue el sistema de regulación del aparcamiento, la ORA. Ahora, en los folios del sumario de la Pokémon que acaban de hacerse públicos -la secuela que se bautizó como Manga-, la jueza Pilar de Lara pone el foco de su investigación en las concesiones de abastecimiento de agua de los municipios. La raíz de sus pesquisas se centran en Santiago, y en el exgerente de Aquagest, José Luis Míguez, así como en su extensa red de contactos en el mundo político y empresarial. Pero también en otros cinco municipios -Ponte Caldelas, Valdoviño, Cedeira, Bergondo y Ortigueira- donde esta empresa habría obtenido «adjudicaciones presuntamente ilícitas».

Cuando fue detenido y decretada su prisión provisional, el 15 de febrero del 2013, José Luis Míguez se enfrentaba a una acusación de tráfico de influencias por concertar con funcionarios y autoridades del Ayuntamiento de Santiago la prórroga del contrato para el abastecimiento de agua hasta el 2019 mediante un proceso irregular. Este vericueto «supuestamente fraudulento» se habría conseguido con entregas de «cuantiosas sumas de dinero al Ayuntamiento de Santiago, cuyo destino debe ser investigado». Aquagest también asume pagos de eventos (congresos relacionados con la sanidad), patrocinios deportivos u obras en las oficinas de los concejales, se asegura en el auto con el que la jueza De Lara decretaba la prisión provisional del imputado.

En el resto de los municipios antes mencionados, José Luis Míguez «se encargaría de la búsqueda de empresas para invitar [a los concursos negociados], para que las mismas propongan u oferten peores condiciones», de tal manera que la adjudicación recayera en Aquagest.

El sumario también recoge una denuncia anónima que amplía la sospecha a más municipios. Aunque con este tipo de denuncias hay que ser cautelosos, pues no sería la primera vez que proceden de empresas que compiten en el mismo sector. Este texto, remitido por la Guardia Civil al juzgado, describe una serie de contrataciones de personal afín al PP en Aquagest, a cambio de supuestos favores en la concesión del servicio. Concretamente se citan los municipios de Chantada, Noia y Cabanas. «La concesión administrativa del servicio de agua y saneamiento ha sido repentina y sorprendentemente renovada en distintos ayuntamientos de Galicia por plazos de tiempo titánicos (20 y más años), mediante acuerdo a puerta cerrada de la comisión de gobierno».

¿Financiación ilegal?

La denuncia se refiere a los municipios de Teo, Santa Comba, Val do Dubra y Arzúa, y se refiere que hay una «relación directa» entre estas renovaciones, realizadas en el 2007, «y la entrega de importantes sumas de dinero por parte de la empresa a los respectivos gobiernos municipales antes de las elecciones». El denunciante se pregunta si ese dinero se utilizó para sufragar las campañas electorales. También se refiere al uso de empresas pantalla del grupo matriz de Aquagest para presentarse a los concursos dando la apariencia de pluralidad de ofertas.

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