Entre las conversaciones telefónicas grabadas a los imputados en la Pokémon hay una entre dos empresarios de firmas investigadas que la propia jueza De Lara califica como «muy interesante». Álex Ros, gerente de la catalana GRS Arc Local, intentaba hacerse con el contrato de la gestión de multas en Compostela. Para ello, contó con la ayuda del que era jefe de gabinete de Conde Roa, Ángel Espadas, y del concejal de Seguridad Ciudadana, Albino Vázquez, que le dieron los pliegos del concurso antes de que se aprobasen e información privilegiada. En este contexto, Ros llamó a José Luis Míguez, director de Aquagest en Santiago y el que les había introducido en la ciudad, y le preguntó qué comisión había que pagar en Galicia por la concesión. Él le respondió que el 4 %, como explicó la magistrada a Espadas durante su interrogatorio.