La factura de la marea negra queda sin pagar

La Voz

GALICIA

El Estado no deberá devolver los 115 millones que le adelantó el Fidac

14 nov 2013 . Actualizado a las 07:00 h.

La condena por desobediencia al capitán Mangouras está exenta de responsabilidad civil, por lo que la aseguradora, el London P&I Club, podrá retirar los 22,5 millones que depositó para repartir entre las víctimas y limitar la responsabilidad del armador, que no es responsable civil subsidiario de los daños provocados por el vertido. Por supuesto, nadie pagará la reclamación de 4.328 millones de la Fiscalía, una cuantía que algunas partes consideraron «exagerada» durante el juicio, pero que se basa en un sistema novedoso de evaluación de daños que incluyen conceptos que normalmente no se cuantificaban. Es probable que esta orfandad en el ámbito civil pese mucho a la hora de que la Fiscalía decida presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Estado español, que ha desembolsado unos mil millones por la catástrofe, al menos no tendrá que devolver los 115 que le ha adelantado el Fidac, pues el dinero del fondo internacional -151 millones- se mantiene para indemnizar a las víctimas, entre ellas los Estados español, francés y portugués.

En realidad, el fondo que la comunidad internacional creó en 1992 para proteger a las víctimas de los vertidos será el único pagador de la catástrofe medioambiental, al no existir responsabilidades penales -y por lo tanto civiles- relevantes. El fondo ha repartido ya buena parte de esos 151 millones. Cinco de ellos han ido a parar a los afectados que acudieron al organismo internacional, 115 para el Estado español y, el resto, a la Administración portuguesa y francesa, así como a los damnificados galos.

Grupos de afectados

Hay otros dos colectivos de afectados. Por un lado, los más de 18.000 pescadores y mariscadores representados por el letrado Ramón Sabín que pactaron las indemnizaciones con el Gobierno de Aznar y que cobraron hace ocho años. Por tanto, no se jugaban prácticamente nada en el juicio. Por otro, los más de 2.000 reclamantes que pusieron en el juicio sus expectativas de cobro.

Para este grupo de afectados, que en muchos casos se reservaron las acciones civiles, les queda la vía del recurso ante el Tribunal Supremo o un incierto itinerario en la jurisdicción civil. En cualquier caso, podrían solicitar cautelarmente la inmovilización de los 22,7 millones depositados por el seguro de cara a asegurarse la compensación.