Aunque pueda parecer un asunto político menor, el conflicto generado por la decisión de la Xunta de subir el canon que han de pagar los ayuntamientos por el tratamiento de cada tonelada de sus residuos expresa, en pequeña dimensión, una cuestión económica y social de mucha envergadura: la de cómo se financian muchos de los servicios públicos esenciales para la comunidad.
Vean sino. Para hacer frente al problema eléctrico que arrastramos desde hace años, el Gobierno de Rajoy tomó decisiones que alteraron el equilibrio financiero de Sogama, pues esta obtiene de la venta de la electricidad que genera la incineración la mitad de sus 108 millones de euros de ingresos anuales. Ante tal situación, por virtud de la cual Sogama dejaba de embolsarse 13 de los 54 millones de euros que recibía hasta la fecha, la Xunta decide trasladar tal diferencia a los ayuntamientos. El canon por tonelada de basura estipulado para los 296 adheridos a Sogama sube entonces un 34 %, lo que plantea a los ayuntamientos la necesidad de aumentar el precio del recibo que los usuarios pagan por la recogida de basuras. Dicho en plata: el Gobierno le pasa la pelota a la Xunta, esta a los ayuntamientos y estos, en fin, a los usuarios, los únicos que no podrán trasladar el marrón a nadie más.
La cuestión, claro, es que los servicios no son gratis, por más que haya mucha gente que lo crea. Alguien ha de pagarlos, aunque los partidos y las Administraciones no resistan la tentación de hacernos creer con frecuencia lo contrario. Por eso, cuando toca apoquinar, nadie quiere hacer de malo, ni nadie quiere soportar el coste electoral de trasladar a los usuarios el precio del servicio, es decir, el precio de decirles la verdad.