Feijoo se suma a la reprobación de Rueda a la portavoz municipal mientras arrecian desde la oposición las peticiones de dimisión de Currás
19 oct 2013 . Actualizado a las 13:59 h.Santiago se ha convertido en un auténtico polvorín para el PP y en un mar de incredulidad para sus propios ciudadanos, que desde hace año y medio asisten a un rosario de iniciativas judiciales con el foco puesto en el pazo de Raxoi. Nada menos que el 77 % del gobierno municipal (10 de 13 ediles) está afectado en alguna de las cinco causas abiertas en fase de instrucción previa por dos juzgados de Santiago y uno de Lugo. El último capítulo se escribía esta última semana con la imputación colectiva de siete concejales del ejecutivo local, la reprobación por parte de los máximos dirigentes del PPdeG a la portavoz municipal por sus críticas a la Justicia y la renovación de la exigencia de dimisiones por parte de la oposición.
La primera cuenta de ese rosario la puso el que fuera cabeza de lista en las últimas elecciones locales, Gerardo Conde Roa. Nueve meses y medio les duraron a los populares las mieles de un triunfo inédito en la capital. Fue el tiempo que Conde Roa ocupó el primer despacho municipal, del que lo apeó una denuncia de la Agencia Tributaria por fraude fiscal que hace quince días concluía con una condena de dos años de prisión.
La operación Pokémon se colaría apenas medio año después entre los muros de Raxoi. Desde entonces ha salpicado a tres miembros del PP -y a uno de la oposición (PSOE)-, el alcalde incluido. La Manga forzaba poco después la salida de la actividad municipal de un cuarto imputado del gobierno, mientras la supuesta falsificación de unas facturas para justificar el pago de dos subvenciones municipales a colectivos vecinales acababa en los juzgados con la imputación de otro concejal del equipo de Ángel Currás.
Las críticas iniciales de la oposición comenzaban a arreciar entonces para que el PPdeG mirase para Santiago, asumiese responsabilidades y exigiese dimisiones. Y esta semana las han desempolvado, y con fuerza renovada. Socialistas y nacionalistas dicen que la ciudad no puede soportar la situación de «desprestixio» en que la ha puesto el PP, que el pasado lunes hacía frente a una nueva imputación. En este caso, además, una colectiva que afectaba a siete miembros de su junta de gobierno, los que asistieron a la sesión que en mayo pasado aprobó pagar las costas judiciales de un compañero imputado en la Pokémon. Poco le duró a Currás su primera alegría desde que asumió la alcaldía, el archivo provisional, al menos en lo que a él le afectaba, de la denuncia de un exjefe de la Policía Local por prevaricación y acoso moral. «Se hizo justicia», decía entonces sobre la decisión de la titular del Juzgado número 1, Ana López-Suevos, la misma a la que el lunes alcanzaban las críticas de la portavoz del gobierno local, María Pardo, quien vio una persecución política detrás de las últimas imputaciones.
Sus declaraciones hicieron hablar, con contundencia, unanimidad y clara reprobación, a la totalidad de los jueces de Santiago e incluso al propio secretario general del PPdeG, para desautorizarla. Y ayer mismo al presidente del partido, Alberto Núñez Feijoo, que hizo suyos los argumentos de Alfonso Rueda, aunque no dejó de aplaudir que Pardo haya «matizado» su postura inicial «concretando que en ningún caso quixo criticar as decisións xudiciais».
Aunque coinciden en su reprobación, no es esta la respuesta que socialistas y nacionalistas esperan, sino medidas como la disolución de la corporación o la dimisión del gobierno y de toda la lista electoral para forzar nuevas elecciones. Esa petición arreció ayer de nuevo.