No hay delito, lo que hay es «una persecución política clara». Lo dijo ayer una de las edilas imputadas por prevaricación. Cuando a los políticos las cosas se les ponen feas, les sale esta vena: alguien quiere hundir su carrera, desestabilizar la institución, perjudicar a los ciudadanos que representan. Es práctica habitual no solo en el PP sino en el otro gran partido de este país, lo que explica en parte (solo en parte) la hemorragia de votos que están sufriendo. La teoría de la persecución política no solo pretende convertir en los malos de la película a la oposición, sino, lo que es peor, en los malos malísimos, o incluso tontos, a jueces y fiscales, tratando así de hacernos ver que en un mundo ideal no habría lugar para oposiciones ni estamentos judiciales, pues tanto las unas como los otros solo se dedican a fastidiar y a enredar y, en última instancia, a destruir el prestigio de las instituciones. El caso de Santiago, con 11 de 25 ediles imputados, es paradigmático. Para estos ediles, la intención (fallida solo tras hacerse pública) de costear con el dinero de todos los vecinos la defensa de un compañero imputado en la Pokémon nada menos que por falsedad documental, tráfico de influencias y cohecho es natural y, además, legal. Lo segundo tendrá que decidirlo un juez. Lo primero es motivo suficiente como para, como mínimo, echarnos a temblar.