La doctrina del Supremo permite que un concello pague la defensa de un edil, pero solo si es absuelto o se archiva el caso
15 oct 2013 . Actualizado a las 07:00 h.El caso de Adrián Varela no es excepcional. Los concejales corren el riesgo de ser denunciados por decisiones que toman en el ejercicio de sus funciones públicas y los ayuntamientos tienen mecanismos para pagar los costes que al edil le supone su defensa. ¿Es legal? La línea roja está bastante clara, porque la marca el Tribunal Supremo. Su doctrina establece que un concello puede pagar con dinero público la minuta del letrado de un político electo o un funcionario, pero solo una vez que haya quedado absuelto tras un juicio o que la causa haya sido archivada. Es aquí dónde radica la cuestión.
En el caso del concejal de Deportes compostelano, la comisión de gobierno tomó la decisión de correr con los gastos de defensa del edil al poco de conocerse su imputación en la operación Pokémon. Concretamente, la decisión se adoptó el 30 de marzo de este año, incluso antes de que el concejal fuese a declarar ante la jueza que investiga el caso, algo que no hizo hasta el 17 de junio.
Tras hacerse público, la cuestión se enfocó desde un punto de vista ético, porque Adrián Varela, inocente hasta que se demuestre lo contrario, está inmerso en una investigación judicial por corrupción política en la que, por encima, está decretado el secreto del sumario. Es decir, a día de hoy es imposible conocer los detalles de los delitos que se le imputan.
Que el Concello acuerde pagar la defensa legal de un concejal sin saber de lo que se le acusa y antes de que quede libre de cargos es antiestético y contrario a la ética, hasta el punto de que el propio edil renunció al dinero al día siguiente de publicarse la noticia en La Voz y anunció que pagaría él las facturas. El asunto habría quedado en un mero desliz de no ser por la denuncia que ha motivado ahora la imputación de toda la comisión de gobierno municipal.
La cuestión ha pasado de ética a jurídica. El argumento que tienen en contra los ediles es esa doctrina del Tribunal Supremo en la que se marca que el abono de costes legales de defensa debe de ser siempre a posteriori del proceso judicial, una vez demostrada la inocencia del cargo político o del funcionario. Las consecuencias legales se verán. Políticas no habrá, porque en Santiago no es una novedad que los concejales estén imputados.