Las decisiones de política sanitaria en respuesta a la crisis económica tienen con frecuencia consecuencias indeseables (aunque no inesperadas) para la salud pública. Se constata en estudios rigurosos, entre ellos uno reciente de The Lancet. El problema no deriva de reducir el gasto en ciertas partidas del presupuesto, sino de recortar solo para ahorrar en el corto plazo, aplicando esta política a las partidas que exigen menor esfuerzo. Es decir, aquellas en las que no hay que emplearse a fondo para cambiar las estructuras y procesos de las organizaciones, ni su forma de gobierno, ni abordar otros asuntos espinosos como la transparencia o la rendición de cuentas. Esto no significa, en modo alguno, que no se pueda racionalizar el gasto retirando prestaciones o incluyendo copagos. Ahora bien, el límite es la caída del nivel de salud de la población. No sería ni social ni éticamente aceptable, sin contar con el hecho de que, con seguridad, se incrementaría a medio plazo el gasto que se pretende atajar.
Por eso es esencial que las medidas se acompañen de la información que justifique en cada caso que una prestación es innecesaria, o contingente o que, si aporta ventajas relevantes, lo hace en dimensiones que no son la salud. Las Administraciones están en condiciones, directamente o a través de terceros, de elaborar esos análisis fundamentales. A estas alturas y en las circunstancias por las que atravesamos, una cultura de mayor autoexigencia a la hora de dar explicaciones y abierta en su caso al debate es imprescindible. No se puede escatimar en razones.