Aplicando un reglamento europeo, Fomento ha sentenciado la suspensión de 84 servicios públicos prestados sobre la red ferroviaria de Galicia. La suspensión carece de fundamento al tratarse de una aplicación torticera del mencionado reglamento, por lo que cualquier entidad puede recurrir dicha suspensión, pareciendo la Xunta el órgano competente. La información utilizada para decidir las suspensiones se basa en estadísticas no públicas de los tráficos en las líneas afectadas, procesadas por Renfe a través de la consultora paraestatal Ineco (¿transparencia e imparcialidad?), cuya base serían los datos reales de ocupación de los servicios ofrecidos por la operadora.
Pero estos servicios entre las ciudades gallegas no son comercialmente atractivos, como se acreditará por cualquier auditoría independiente, al no disponer de horarios ni frecuencias adecuadas, carecer de trenes idóneos e incluir excesivas paradas intermedias. Desde 1995, Renfe congeló la ya deteriorada oferta de servicios para poder cobrar la subvención acordada con la Xunta, despreocupándose de su mejora. Es decir, planificó conscientemente su déficit y ahora utiliza los bajos tráficos para justificar la suspensión que se avecina. Para colmo, el ministerio, donde debería dominarse el argot ferroviario, nos cuenta medias verdades y, basándose en que no se cierran líneas (infraestructuras), pretende ocultar la suspensión de nada menos que 84 servicios (circulaciones de trenes) en la comunidad.