La iniciativa de la Xunta de Galicia de promover un protocolo de detección, prevención y tratamiento del acoso escolar es una respuesta a una preocupación social emergente.
La Ley de Convivencia aprobada en el año 2011 hablaba del fenómeno del acoso como de una realidad cotidiana y preocupante y, sin embargo, se ha hecho necesario que algunos casos se vuelvan simbólicos y alcancen una gran repercusión mediática para obtener una respuesta a esta problemática acuciante.
Es de apreciar la intención de la Consellería de Educación de intentar ofrecer una respuesta rápida y eficiente a la problemática del acoso en las aula escolares y presentar un protocolo que refleje estrategias de actuación con herramientas útiles para el profesorado.
La intervención de los docentes, en colaboración con los padres de los alumnos, es fundamental en este tipo de casos. Sin embargo, la insistencia sobre la velocidad de ejecución de los protocolos (se establece un máximo de doce días), y sobre la intervención en lugar de la prevención demuestran poco conocimiento de la complejidad del problema del acoso escolar.
El énfasis sobre las medidas disciplinarias y la movilización del profesorado alrededor de la víctima pueden generar el efecto contrario, haciendo que la convivencia se vuelva más conflictiva. Los niños en situaciones de acoso no deben ser señalados, ni tampoco etiquetados, y resolver la situación pasa por implementar estrategias de prevención, conciliación y formación de la comunidad educativa en cuestiones relacionadas con la psicología del acoso que permitan intervenciones sutiles pero eficaces.
Sin todas estas condiciones se corre el riesgo de promover intervenciones inadecuadas en los colegios, de realizar acciones que contribuyan a la marginación de los niños acosados. Es deber de la Xunta de Galicia reunir una comisión de expertos para promover un análisis pormenorizado de las estrategias de prevención e intervención más eficaces.