Decenas de regidores del PP muestran sus objeciones al plan de ajustes retributivos del Gobierno
25 feb 2013 . Actualizado a las 13:02 h.Sucedió hace casi un año. Feijoo venía de situar la fusión de municipios en el escaparate político con el anuncio de la alianza entre Oza dos Ríos y Cesuras. Aquella baza de la primera integración municipal en más de 40 años le permitió salvar el debate del estado de la autonomía, pero puso en alerta a los alcaldes. Sus recelos alimentaron un conato de rebelión interna dirigido por 25 regidores del PP de las provincias de Ourense y Pontevedra, que temían que sus ayuntamientos fueran absorbidos por otros. Aquel amago de revuelta llevó a la Xunta a cambiar el paso y subrayar el carácter voluntario de las fusiones. El episodio ha vuelto a repetirse, en cierto modo, esta semana. Decenas de alcaldes populares descontentos con los recortes salariales y de competencias previstos en el borrador de la ley con la que el Gobierno de Rajoy pretende reordenar el ámbito local se han rebelado contra el partido. Se han escuchado incluso amenazas de renunciar al cargo y de dejar de pagar las cuotas. Su presión ha forzado a la Xunta a salir en su apoyo.
Feijoo ha manifestado, en contra de un plan de Hacienda que dejaría sin sueldo a muchos, que los alcaldes deben percibir una retribución suficiente como para no tener que pensar en dejar el cargo por motivos económicos, pero que tampoco les vaya a solucionar la vida. Pero ni la complicidad del presidente ni la pronta reacción del PP, que ha movilizado a las cúpulas provinciales para tratar de rebajar la tensión, acaban de tranquilizar a los ediles, que confían en que el texto final sea muy distinto al anteproyecto de ley. El malestar es generalizado y el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reunió ayer con alcaldes de la provincia de Pontevedra para escuchar sus demandas y comunicarles que se intentará adaptar la norma a la realidad gallega. El diputado del PSdeG José Luis Méndez Romeu, por su parte, aseguró ayer que sopesan la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por la «vulneración» de la autonomía local.
Entre los más críticos con esa propuesta se encuentra el alcalde popular de Cabana, José Muíño (45.500 euros brutos al año), que asegura que está dispuesto a renunciar si sale adelante la propuesta. Comparten su opinión Julio Yebra (Carballedo), Ramiro Moure (Taboada) y Joaquín González (O Saviñao), los tres del PP, que dicen que se pensarían seguir en el cargo. El de Vilarmaior, Carlos Vázquez Quintián (PP), vería recortado su sueldo de 32.000 euros a 20.000. «Teño dous fillos e preciso un soldo digno. Se o teño que deixar, supoño que tamén deixaría as cotas do partido», apunta. El PP coruñés no cobra los 40 euros de cuota a los cargos con salarios menores de 1.000 euros. Es el caso de Pablo González (Oza dos Ríos), que el mes pasado se rebajó su retribución de 37.000 a 19.000 euros anuales, «para poder mirar a la cara a las personas a las que tuve que comunicar que debían dejar su puesto en el Concello».
También aseguran que se pensarían dejar el bastón de mando los alcaldes socialistas de Mesía, Mariano Iglesias, y de Culleredo, Julio Sacristán. Su compañero en el PSdeG, el regidor de Negueira de Muñiz, Xosé Manuel Braña, ironiza con que «nos concellos pequenos non se pode cobrar, pero si traballar de alcalde, ¿non?». Señala que, al no poder recibir ingresos municipales con la reforma propuesta, por gobernar un municipio de menos de 1.000 habitantes, tendría que buscar un empleo. También estaría dispuesto a renunciar a la alcaldía de A Pobra de Brollón José Luis Maceda (BNG). Entre los que se inclinan por dejar de pagar la cuota al partido (PP) están los alcaldes de Trabada, José Manuel Yanes; Barreiros, Alfonso Fuente; Folgoso do Courel, Dolores Castro; y Pantón, José Luis Álvarez. En cambio, Carlos López Crespo (PP), alcalde de Outes, cree que «deixar de pagar a cota sería unha banalización da solución».
Autocrítica
Pero el descontento no exime de la autocrítica. El regidor de A Rúa, y responsable comarcal del PP en Valdeorras, Avelino García, sostiene que «hai alcaldes que se pasan», aunque defiende que «a autonomía municipal debería respectarse». Francisco Rodríguez, de Chandrexa de Queixa, no cobra, y entiende que tampoco deben hacerlo el resto de los regidores de municipios que, como el suyo, no llegan a 1.000 vecinos. El alcalde de Cervantes, Benigno Gómez (PSOE), estima que es «normal establecer uns topes, pero ten que haber un salario digno». Su homólogo de O Carballiño, Argimiro Marnotes (PP), indica que «un alcalde nunca debería cobrar menos que un secretario o un interventor, por la responsabilidad que tiene». El de Sarria, José Antonio García (PP), argumenta que «en estos momentos, con muchas familias pasándolo mal, es lógico que los sueldos de los políticos bajen», asume. Ramón Noceda (BNG), alcalde de Carnota, puntualiza que no se presentó «polos cartos». «Nesta reforma hai que valorar moitas cousas, e a autonomía local hai que respectala», reivindica. En esa línea, el regidor de Teo, Martiño Noriega (Anova), esgrime que «o grave deste anteproxecto é a intervención e a privatización do público, as posibilidades que abre a regulacións de emprego encubertas nas Administracións e o reforzo de institucións opacas como as deputacións».
Otros, como el popular Jesús Otero (Vila de Cruces), se muestran más prudentes, y subrayan que de momento solo hay un anteproyecto. Es la misma lectura que hace el alcalde de O Pino, Manuel Taboada (PP). Pero Demetrio Salgueiro (Xove, PP) y Darío Campos (A Pontenova, PSOE), que ganan ambos más de 50.000 euros y se quedarían en 30.000, ya adelantan que no optarían a la reelección
La inmensa mayoría coinciden en pedir un papel activo a la Fegamp en defensa de retribuciones dignas.
Información con aportaciones de Toni Silva, Carlos Cortés, Serxio González, Ana Gerpe, Santiago Garrido, José María Palacios, Javier Benito, Laura López, María Cobas, Cándida Andaluz, Jesús Manuel García, Xosé Ramón Penoucos, Uxía López, Emma Araújo, Emilio Forján, Toni Longueira y José Alonso.