Más allá del salvavidas que lanza a las diputaciones, la reforma de la Administración local hilvanada por el ministro Montoro deja por ahora muchos más cabos sueltos de los que ata. Y resultan especialmente llamativos en la parte que suscita más interés ciudadano, la que el Gobierno busca colocar con mimo como respuesta a ese «prediquen ustedes con el ejemplo» que demanda una sociedad exhausta de cargar con el peso de los ajustes. Porque está bien regular las retribuciones desde la premisa de la abnegada vocación de servicio público del cargo electo. En Galicia ya hay, de hecho, cientos de concejales sin sueldo. Pero esperar que los mismos ciudadanos que asisten con estupor a la sucesión de escándalos de corrupción política confíen en que más de 3.000 ediles de los 315 concellos podrán estar interesados en el cargo sin ver un euro por ello quizá sea pedir demasiado.
Por eso, a falta de conocer el dibujo fino del proyecto de ley, la idea de suprimir sueldos provoca tantos aplausos como interrogantes. ¿Qué beneficio le reporta entonces la actividad pública a esos señores? ¿Por qué se apuesta ahora por recortar sus nóminas en lugar del plan inicial de suprimir cargos electos? ¿Hay o no un exceso de instituciones? No es momento de pedir actos de fe a quien se le debe transparencia.