Cada día es más difícil disociar las palabras España y corrupción. Con seis millones de parados y más de ochocientos políticos imputados, la golfería se está convirtiendo en una marca-país. Y, ante tal panorama, hace falta cortar por lo sano. La Ley de Transparencia que permanece aparcada en el Congreso podría ser el punto de partida de una regeneración completa, de arriba abajo. Para acabar con la financiación opaca de los grandes partidos, sí, pero también para abrir las ventanas de los ayuntamientos. La Administración más cercana a los ciudadanos no es de cristal, y debería. Queda mucho camino por recorrer hasta que una recalificación de suelo quede plenamente justificada, hasta que un simple voto no decida un concurso o hasta que un alcalde explique por qué no casan su sueldo y su patrimonio.