La mitad de los testigos que declararán en el caso Baltar tienen vínculos con el PP

Miguel Ascón Belver
miguel ascón OURENSE / LA VOZ

GALICIA

El secretario y el interventor que avalaron los contratos a dedo y parte de los beneficiados pasarán ante el juez

15 ene 2013 . Actualizado a las 17:18 h.

Tras admitir a trámite la querella contra José Luis Baltar, el juez ordenó practicar nuevas diligencias para averiguar si efectivamente el expresidente de la Diputación ourensana cometió un delito de prevaricación por la contratación a dedo de 104 personas. Parte de ellos comenzarán a testificar a finales de mes. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense ha llamado a declarar a un total de quince personas y la mitad de ellas tienen vínculos con el Partido Popular.

Dos de las declaraciones de mayor interés serán a priori las de los técnicos de mayor rango que tenía la Diputación en el momento de los hechos. Los contratos bajo sospecha fueron avalados por informes técnicos elaborados por el secretario, Francisco Cacharro Gosende, y el interventor, José María Baños Campos. El primero de ellos es hijo del expresidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro Pardo. Baños, por su parte, fue un estrecho colaborador de Baltar -que lo llegó a nombrar, por ejemplo, presidente del Club Ourense Baloncesto-, pero abandonó la Diputación al poco tiempo de iniciarse la investigación de la Fiscalía. Desde octubre del año 2010 es secretario en Azuqueca de Henares, un ayuntamiento de Guadalajara con 35.146 habitantes.

Ambos declararán ante el juez, al igual que cuatro de los jefes de servicio en cuyos departamentos trabajaron los 104 contratados a dedo. Se trata de Ángel Cid Manzano, director del Pazo dos Deportes Paco Paz; José Juan Cerdeira Lois, responsable del Servizo de Fomento do Emprego, Igualdade e Servizos Sociais; Carlos Luis Martínez López, responsable de la imprenta provincial, y Carlos Castiñeiras Rois, jefe del negociado de Formación. Se da la circunstancia de que este último fue presidente provincial de Nuevas Generaciones, el colectivo juvenil del PP.

Entre los nueve beneficiarios de los contratos bajo sospecha que tendrán que declarar ante el juez también hay personas vinculadas al partido. Destaca la concejala en activo de O Carballiño, Pilar Montserrat Caride González, que acaba de conseguir un nuevo contrato en la Diputación como promotora de igualdad, pero hay más: María José Alfonsín Gómez, hermana de una candidata popular en Cartelle; Josefa Astray Losada, que fue aspirante a compromisaria en el congreso provincial del PP del año 2010 que ganó Baltar hijo; y Juan Luis Cachaldora Gómez, edil en Nogueira de Ramuín, municipio en el que comenzó la carrera política de José Luis Baltar. Completan el listado de testigos María Elena Corral Sousa, Nabor Blanco González, Lorena Camino García, Ana Isabel Barreiro Álvarez y Rosa María Cabano Vaquero.