En los últimos tres años España ha hecho un importante esfuerzo para adaptar su normativa marítima a las directrices de la Unión Europea tras el accidente del Prestige. Se reforzaron los instrumentos para la inspección de buques, se cambió una Ley de Navegación que databa del siglo XIX y se incorporó la doctrina sobre lugares refugio que tantas reticencias causaba. Solo en Galicia se han designado ya setenta posibles ubicaciones para acoger a buques en peligro, como se hizo con el Ostedijk en el 2007.
También se reforzó la autoridad del director general de la Marina Mercante, que tendría la potestad de tomar decisiones de forma autónoma sin tener que consultar con sus superiores, algo que sobre el papel es interesante, pero que en la realidad será muy difícil de aplicar.