Las diputaciones, cuya historia comienza con la Constitución de Cádiz, son instituciones que desde 1833 gestionan los intereses económico-administrativos de las provincias. En estos momentos es preciso extremar el rigor de sus cuentas y también su transparencia, no ya solo como justificación de su cada vez más discutido papel sino también como imagen de seriedad, dados los límites del gasto público. En el proceso de racionalización de nuestras Administraciones para corregir ineficiencias no cabe la opacidad. La legitimación de las diputaciones como puente entre el Estado y las Administraciones más próximas a los ciudadanos así lo exige. Sin fair play, su misión quedaría desvirtuada: dejarían de ser puentes para convertirse en pantanos, y la tendencia de la buena gobernanza no va por ahí. Como dijo san Agustín, corres bien, pero fuera del camino.